En un contexto de reactivación de los juicios de responsabilidades bajo la Ley 044, el diputado Manolo Rojas, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), ofreció detalles sobre los procesos judiciales que enfrentan a exautoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Durante su intervención en el programa Que No Me Pierda, Rojas enfatizó que la Comisión de Justicia está comprometida a evitar que se repitan las prácticas opacas que caracterizaron gestiones anteriores.
El legislador destacó tres casos clave que están bajo investigación y que involucran a exmagistrados. El primer caso, conocido como el Caso Extradición, implica una denuncia contra nueve exmagistrados por haber facilitado la extradición de un ciudadano cubano a un país donde se aplica la pena de muerte. Rojas subrayó que este acto contraviene las normativas internacionales sobre derechos humanos, que prohíben la extradición en tales circunstancias.
El segundo caso, denominado AE Viviendas, se relaciona con irregularidades en una licitación pública. Según Rojas, se han anulado documentos para beneficiar a una empresa que no cumplió con la ejecución de obras, lo cual ha llevado a procesar a los responsables por prevaricato. Por último, el Caso COMTECO se centra en denuncias por falta de transparencia y uso indebido de influencias en la deliberación de medidas cautelares sin contar con la participación adecuada de todos los magistrados implicados.
En cuanto a las inasistencias de algunos citados a declarar, Rojas fue contundente al señalar que existen mecanismos legales para obligar a estos exmagistrados a comparecer ante la Comisión. Se refirió al Código de Procedimiento Penal para advertir que es posible emitir órdenes de aprehensión ante la falta de concurrencia. El diputado indicó que el Comité del Ministerio Público tiene la responsabilidad de evaluar si las ausencias son justificadas; en caso contrario, se procederá según lo estipulado por ley en un plazo no mayor a 72 horas.
Una parte significativa de su discurso estuvo dedicada a denunciar lo que calificó como chicanerías por parte de exmagistrados que buscan evitar ser juzgados. Rojas argumentó que algunos exautoridades han recurrido a estrategias para blindarse legalmente mediante la autopresentación de denuncias y obtención de resoluciones desestimatorias dentro del marco legal. Esto ha generado un mecanismo donde ciertos casos adquieren calidad de cosa juzgada, imposibilitando nuevos procesos por los mismos hechos. Sin embargo, Rojas aseguró que la Comisión ha identificado hechos adicionales no procesados previamente, lo cual permite avanzar en las investigaciones.
Finalmente, el legislador envió un mensaje claro a la ciudadanía: el actual Congreso no encubrirá a exautoridades judiciales. Afirmó que antes estos juicios se realizaban en secreto y entre amigos, pero hoy existe una composición legislativa dispuesta a actuar con transparencia y justicia. En este sentido, mencionó que la Comisión está trabajando en modificar la Ley 044 para endurecer los mecanismos existentes y garantizar el derecho a una doble instancia, buscando reparar lo que consideró un daño significativo a la institucionalidad del país debido al vacío jurídico existente.
Las declaraciones del diputado Rojas marcan un importante paso hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas en el sistema judicial boliviano, elementos fundamentales para restaurar la confianza ciudadana en las instituciones del país.
