Durante el primer trimestre de 2026, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio de Cercado reportó la atención de 56 casos relacionados con violencia familiar, una cifra que refleja la persistencia de este problema en los hogares. Esta situación ha llevado a la institución a activar protocolos de protección conforme a lo establecido en la Ley 548, que prioriza el interés superior del menor.
El director de la Familia y la Comunidad, Juan Tarifa, destacó que las denuncias recibidas no son eventos aislados ni recientes. Al contrario, representan un fenómeno en aumento donde niños, niñas y adolescentes se convierten en denunciantes de situaciones de agresión física, psicológica o negligencia por parte de sus propios cuidadores. Según Tarifa, “cuando un menor refiere haber sido víctima de violencia, la Defensoría actúa bajo el principio de credibilidad”, lo que implica que cada testimonio recibido es tomado con seriedad.
El proceso que sigue a una denuncia es inmediato y meticuloso. En primer lugar, se proporciona un entorno adecuado para escuchar al menor. Luego, un profesional en psicología recoge su relato y elabora un informe técnico. Simultáneamente, un trabajador social evalúa el entorno familiar, analizando las condiciones de convivencia y los roles de los cuidadores para identificar posibles factores de riesgo.
Los informes resultantes son enviados al área legal para determinar si el caso constituye una infracción administrativa o si debe iniciarse una denuncia penal ante el Ministerio Público. En situaciones críticas —como agresiones físicas severas o abandono— se realiza una derivación inmediata que incluye exámenes médico-forenses.
Tarifa también subrayó que muchos padres justifican ciertos castigos como parte del proceso educativo; sin embargo, estos pueden cruzar la línea hacia la violencia cuando afectan el desarrollo integral del menor. “No se trata de quitar autoridad a los padres, sino de garantizar que esa autoridad se ejerza sin violencia”, enfatizó.
El informe estadístico correspondiente al primer trimestre revela que la violencia familiar es una de las principales causas que llevan a intervenciones institucionales, superando incluso otros delitos y vulneraciones a los derechos. En este contexto, el Programa de Fortalecimiento Familiar ha atendido a 157 familias durante el mismo periodo; entre ellas, 25 enfrentaban situaciones de violencia intrafamiliar. Otros problemas identificados incluyen dificultades en la comunicación familiar y conductas conflictivas entre menores.
La forma en que estos casos llegan a la Defensoría también es significativa. Algunos son denunciados directamente por los menores; otros son detectados por unidades educativas o instituciones públicas. Este enfoque colaborativo permite identificar situaciones que podrían permanecer ocultas sin esta intervención.
Cuando se trata de medidas protectoras para los menores involucrados, siempre se prioriza su resguardo en entornos familiares ampliados —como abuelos o tíos— antes de considerar otras alternativas más drásticas.
Las autoridades han coincidido en señalar que la violencia familiar no es solo resultado de factores individuales; también está relacionada con problemas estructurales como conflictos entre parejas, consumo excesivo de alcohol o dificultades económicas. Ante este panorama complejo, la Defensoría refuerza sus acciones preventivas mediante talleres dirigidos a padres, estudiantes y docentes con el fin de fomentar una convivencia pacífica y reducir los niveles de violencia en los hogares.
Sin embargo, el registro de 56 casos en solo tres meses pone en evidencia que aún queda mucho por hacer para transformar patrones arraigados sobre crianza y garantizar entornos seguros para todos los menores.
Aparte del impacto directo relacionado con violencia familiar, la Defensoría también enfrenta un panorama complicado respecto al abandono infantil y otras formas graves de maltrato. Un aspecto notable es que muchos casos no son reportados directamente; más bien son detectados por educadores atentos a señales como cambios en el comportamiento o descuido evidente entre sus alumnos. Esto resalta el papel crucial que desempeñan los docentes y personal administrativo al activar procesos institucionales necesarios para abordar estas preocupaciones.
A pesar del esfuerzo continuo mediante talleres preventivos por parte de la Defensoría, persisten situaciones extremas. Se han registrado casos alarmantes como el abandono prolongado de menores; uno particularmente impactante fue el caso de una niña de 11 años responsable del cuidado de sus hermanos pequeños durante varios días mientras subsistían únicamente con alimentos básicos.
Además, han emergido situaciones graves con consecuencias físicas serias para algunos menores, incluyendo quemaduras por agua caliente o episodios donde fueron dejados encerrados por largos períodos. Estos eventos requieren intervención urgente y pueden dar lugar a procesos penales serios.
No obstante, no todos los conflictos se inscriben dentro del marco tipificado como violencia. Muchos problemas —como las dificultades comunicativas en adolescentes o tensiones familiares— pueden escalar si no se abordan adecuadamente. Para ello, el municipio ha implementado programas integrales como el Programa de Fortalecimiento Familiar para atender no solo al menor afectado sino también al núcleo familiar completo.
La coordinación con juzgados y otras instituciones resulta esencial especialmente en contextos legales relacionados con custodias o regímenes visitacionales tras separaciones familiares.
Desde la Defensoría también se hace hincapié sobre la necesidad urgente de fortalecer el apoyo psicológico dentro del ámbito escolar. No todas las instituciones educativas disponen del personal especializado necesario para detectar problemas como violencia o depresión entre los menores.
Las autoridades subrayan que abordar esta problemática va más allá del simple acto punitivo; implica transformar las dinámicas familiares hacia formas más saludables basadas en respeto mutuo y comunicación efectiva.
