La Asamblea Legislativa Departamental de Tarija volvió a quedar en el centro de la tensión política luego de las declaraciones del asambleísta Rodrigo Delgado, de la agrupación Patria, dirigidas contra el exgobernador Mario Cossío. La reacción llegó desde Camino Democrático al Cambio (CDC), cuyos representantes cuestionaron el tono y el contenido de las críticas, al considerar que este tipo de enfrentamientos está afectando el trabajo institucional y alejando a la Asamblea de los asuntos que realmente importan al departamento.
El asambleísta Marco Gutiérrez señaló que los cuestionamientos emitidos por Delgado no estarían respaldados por argumentos políticos, técnicos ni jurídicos suficientes. Desde su perspectiva, el uso de insultos y agravios no fortalece el debate público y, por el contrario, impide encarar con seriedad los problemas que atraviesa Tarija. En esa línea, sostuvo que la discusión política debe sostenerse sobre propuestas verificables y no sobre ataques personales.
La controversia se suma a una serie de desacuerdos que vienen marcando el relacionamiento entre las distintas fuerzas representadas en la Asamblea. Según la valoración de los legisladores de CDC, esas diferencias han dificultado la construcción de consensos y han terminado por desplazar de la agenda temas vinculados con la gestión pública, la fiscalización y la atención de las demandas regionales.
Gutiérrez afirmó además que su bancada analizará las acciones que correspondan frente a las declaraciones de Delgado. La postura de CDC, explicó, apunta a defender una renovación en la Asamblea Departamental, entendida como un cambio en las prácticas políticas y en la forma de asumir las responsabilidades institucionales. Para esa bancada, el legislativo departamental debe recuperar un funcionamiento centrado en el debate de fondo y en la búsqueda de soluciones para la población.
A la polémica también se sumó Edwin Sánchez, asambleísta departamental de CDC, quien cuestionó las expresiones de Delgado sobre Cossío y advirtió que las confrontaciones políticas están frenando la gestión de la gobernadora María René Soruco. En su criterio, la Asamblea debe retomar su capacidad de coordinación y concentrarse en resolver los asuntos pendientes en provincias y municipios.
Sánchez llamó a los asambleístas de Patria a dejar de lado las disputas y asumir un rol más activo en la gestión de obras y programas que siguen pendientes ante el Gobierno nacional. Entre los temas que, según indicó, requieren seguimiento figuran proyectos de infraestructura, programas sociales y otras iniciativas que dependen del trabajo conjunto entre las instancias departamental y central.
Para CDC, la labor de los legisladores no debería quedar reducida a la confrontación política. En cambio, insistieron en que su responsabilidad principal debe orientarse a la defensa de los intereses regionales y a la gestión de recursos que permitan acelerar proyectos aún no ejecutados o con retrasos administrativos.
El conflicto volvió a poner en evidencia las dificultades que enfrenta la Asamblea Departamental para construir una agenda común. Las diferencias entre bancadas han generado dudas sobre el ritmo de aprobación de normas, el alcance de la fiscalización a la gestión pública y el seguimiento a los compromisos asumidos con las comunidades. Esa situación también ha impactado en la relación entre el órgano deliberante y el Ejecutivo departamental.
Mientras algunos sectores atribuyen parte de los problemas de gestión a la administración de Soruco, desde CDC sostienen que la confrontación legislativa contribuye a paralizar decisiones y retrasa la atención de las necesidades de la población. Por ello, los asambleístas de esa bancada plantean que cualquier observación a la gestión departamental debe realizarse mediante mecanismos institucionales, con documentación, análisis y propuestas concretas.
El debate en torno a Mario Cossío reactivó además diferencias ligadas a la trayectoria política del departamento, pero desde CDC consideran que ese tipo de discusiones no debe ocupar el centro de la agenda ni desplazar los problemas actuales. Para esa bancada, las prioridades siguen siendo la gestión de recursos, la ejecución de obras, la atención de las demandas municipales y la coordinación con el Gobierno nacional.
En medio de ese escenario, CDC busca que la discusión pase del terreno de los agravios al de las propuestas. Sus representantes sostienen que la renovación de la Asamblea implica fortalecer el debate, mejorar la fiscalización y garantizar que las decisiones respondan a las necesidades de la ciudadanía.
El llamado dirigido a la bancada de Patria abre la posibilidad de un nuevo intento de diálogo, aunque las diferencias entre ambos sectores persisten. La respuesta que adopten los asambleístas marcará si el conflicto continúa escalando o si se encamina una agenda de trabajo común. Entretanto, la Asamblea Departamental sigue enfrentando el desafío de definir si prioriza la confrontación política o la coordinación institucional para avanzar en los proyectos y demandas pendientes de Tarija.
