El Gobierno dispuso la intervención temporal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un plazo de hasta 180 días, luego de detectar deficiencias en la cadena logística vinculada a la importación y distribución de carburantes. La medida, según el Ejecutivo, apunta a reforzar el abastecimiento y a disminuir los riesgos asociados a la seguridad energética del país.
La decisión fue establecida mediante el Decreto Supremo 5697, aprobado el 1 de septiembre, norma que además dispone la creación de una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria encargada de supervisar y evaluar la gestión de la petrolera estatal. De acuerdo con el decreto, el plazo fijado podrá ampliarse una sola vez por hasta 90 días adicionales, siempre que continúen vigentes las causas que motivaron la intervención.
La comisión estará integrada por representantes de los ministerios de Economía, Producción, Hidrocarburos y Obras Públicas, además del Viceministerio de Transparencia. Sus primeras acciones estarán centradas en las áreas de comercialización, logística y trazabilidad de los combustibles, consideradas clave dentro del proceso de abastecimiento.
Entre sus facultades figura la posibilidad de recomendar auditorías para revisar los procedimientos de importación, adquisición, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de carburantes. Asimismo, deberá identificar eventuales redes de contrabando, desvío o acopio irregular, y establecer, cuando corresponda, responsabilidades del personal involucrado.
La instancia también podrá evaluar decisiones y operaciones que hayan incidido en el abastecimiento, la seguridad energética o los recursos del Estado. En ese marco, tendrá la facultad de recomendar la incorporación de especialistas y la remoción de personal, según lo determine el proceso de revisión.
Si las auditorías encuentran indicios de posibles responsabilidades, los informes podrán ser remitidos a la Contraloría, el Ministerio Público, la Procuraduría y otras instancias competentes. El decreto, además, precisa que la intervención no implica la desaparición de YPFB ni modifica su naturaleza jurídica o su estructura institucional.
La medida podrá darse por concluida antes de los 180 días si desaparecen las causas que la originaron. También se establece que, en cumplimiento de la política de austeridad, no demandará recursos adicionales del Tesoro General de la Nación.
