El Gobierno dispuso la intervención de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a través de una comisión creada con el propósito de “erradicar el cáncer de la comercialización” y asegurar el abastecimiento y la distribución de combustible en el país, según informó este miércoles el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.
La decisión quedó establecida en un decreto que conforma una comisión integrada por los ministros de la Presidencia, Fernando Aramayo; de Economía, Christian Morales; de Producción Sostenible, Óscar Mario Justiniano; de Hidrocarburos, Marcelo Blanco; y de Obras Públicas, Mauricio Zamora. A ellos se suma la participación del viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública, Yamil García.
Zamora sostuvo que la medida apunta a enfrentar los problemas que, según dijo, se concentran en el área de comercialización de la estatal petrolera. “El objeto es, en palabras criollas, tenemos que sacar este cáncer que tiene YPFB. Hay un cáncer que hay que extirparlo, y ese cáncer se llama comercialización”, afirmó, al señalar que la intención es “cortar el grifo” para evitar hechos de corrupción.
El ministro explicó que el propósito central es que YPFB retome su papel en la exploración y explotación de hidrocarburos y deje de lado la comercialización, actividad en la que, de acuerdo con su versión, se concentra el principal problema. En ese marco, remarcó que la intervención no representa una solución inmediata, sino una acción orientada a frenar prácticas irregulares y contribuir al abastecimiento. “Esto es un paso para llegar al abastecimiento. Esto no es una solución inmediata, lo que nosotros estamos haciendo es entrar a cortar la corrupción, vamos a cortar el grifo, eso va a ayudar al abastecimiento”, manifestó.
El decreto establece que la comisión priorizará sus tareas en comercialización, logística y trazabilidad de combustibles. También dispone que se recomienden auditorías técnicas a la cadena logística de importación y distribución de carburantes, con el objetivo de identificar redes de contrabando, desvío, acopio y otros hechos, además de individualizar responsabilidades del personal involucrado.
La norma añade que la comisión podrá sugerir la incorporación de profesionales especializados, consultores, peritos técnicos y personal de auxilio, así como recomendar apoyo de entidades estatales de control o fiscalización, con el fin de asesorar los procesos de auditoría y rediseño de procesos.
La comisión está integrada por representantes del Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Ministerio de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, y el Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública.
