La Plataforma de la Sociedad Civil para la Incidencia Económica y Social se pronunció sobre la escasez de combustibles y advirtió que la crisis económica que atraviesa el país exige una reducción urgente del gasto público.
En un documento difundido por la organización, se sostiene que el Estado boliviano arrastra desde hace más de una década un déficit fiscal profundo y persistente, con gastos superiores a los ingresos, que en los últimos años se ha acercado e incluso superado el 10% del PIB. Según el pronunciamiento, esta situación responde al modelo aplicado por anteriores gobiernos, basado en el incremento sostenido del gasto público para impulsar la demanda interna, en un contexto de caída de los ingresos fiscales, especialmente por hidrocarburos.
La plataforma también cuestionó el destino de importantes recursos a la creación y fortalecimiento de empresas estatales que, en términos generales, no habrían demostrado rentabilidad ni costo-efectividad. A juicio de la organización, el crecimiento del gasto público fue financiado mediante deuda externa, uso de Reservas Internacionales hasta su agotamiento, crédito del Banco Central, fondos de pensiones y, finalmente, emisión monetaria.
El documento advierte que esta dinámica no solo desplazó inversiones del sector productivo privado, limitando oportunidades de generación de empleo, sino que además provocó presiones inflacionarias y contribuyó a la crisis cambiaria. En ese marco, la organización remarcó que la inflación deteriora con rapidez el poder adquisitivo de las familias bolivianas y golpea con mayor fuerza a los sectores más vulnerables, trasladando a la población y a futuras generaciones el costo del elevado gasto público y del endeudamiento.
Asimismo, recordó que durante varias gestiones de gobierno se recurrió de manera constante al endeudamiento para financiar gastos corrientes, principalmente deuda interna en los últimos años, lo que, según el pronunciamiento, vulnera el principio de sostenibilidad fiscal. Para la plataforma, el aumento del gasto público en un escenario de ingresos limitados ha sido uno de los principales factores que llevaron al país a la actual situación de crisis.
Por ello, considera que uno de los temas centrales de la agenda económica, ante el deterioro macroeconómico acumulado durante años, sigue siendo la disminución urgente del gasto público y del déficit fiscal. En ese sentido, cuestionó que el Presupuesto Modificado 2026, recientemente aprobado, no refleje la reducción de gastos que había sido anunciada y considerada necesaria.
La organización también alertó sobre la proximidad de la formulación del Presupuesto 2027 y sostuvo que es urgente revertir la dinámica actual, ya que postergar el ajuste del gasto público implicaría un alto riesgo de enfrentar una situación económica aún más compleja. Además, señaló que los recursos de financiamiento externo serán insuficientes frente a las múltiples obligaciones y necesidades del país.
En su pronunciamiento, la Plataforma de la Sociedad Civil para la Incidencia Económica y Social planteó la necesidad de una reducción significativa del gasto público y del déficit fiscal, orientada a la sostenibilidad fiscal y a recuperar la estabilidad económica. Propuso una reestructuración fiscal profunda, en la que los recursos limitados sean reorientados bajo criterios de eficiencia y priorización, con recortes sobre el gasto ineficiente, burocrático e improductivo, incluidas las empresas estatales deficitarias, sin afectar e incluso priorizando los programas de protección social dirigidos a los sectores más vulnerables.
Además, consideró fundamental establecer un marco de gobernanza de las finanzas públicas que garantice el uso eficiente y equitativo de los recursos, así como la responsabilidad sobre el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad. Para ello, planteó mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y sistemas de control y gestión adecuados, además de la posible conformación de un comité técnico de Política Fiscal independiente y la aplicación de reglas fiscales que permitan restablecer el equilibrio y evitar que el país vuelva a una dinámica de gasto excesivo, déficit y endeudamiento.
Finalmente, la plataforma sostuvo que estas correcciones deben ir acompañadas por la restitución de la autonomía del Banco Central de Bolivia, con la limitación del financiamiento directo al sector público, a fin de frenar la emisión inorgánica y contener la presión inflacionaria. La organización concluyó que, como parte de la sociedad civil, continuará vigilante y comprometida con la construcción de propuestas técnicas orientadas a la estabilidad y el bienestar de la población.
