El Gobierno dispuso mediante el Decreto Supremo 5699 la intervención estatal, de manera extraordinaria y temporal, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en respuesta a las deficiencias detectadas en los mecanismos de regulación, supervisión, control y fiscalización vinculados al abastecimiento interno de combustible.
La medida se conoce poco después de que también se decretara la intervención de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un periodo de hasta 180 días calendario, debido a fallas en sus operaciones. En el caso de la ANH, el decreto establece que la intervención se aplica “ante las deficiencias, riesgos y vulnerabilidades identificados” en el cumplimiento de sus funciones, especialmente en lo referido al abastecimiento interno.
El documento sostiene además que esta situación responde a decisiones adoptadas en anteriores gestiones de gobierno y cuyos efectos continúan vigentes en la actualidad.
La intervención tendrá una duración inicial de 180 días y el ministro de Hidrocarburos podrá ampliarla una sola vez por 90 días más.
Según el decreto, esta medida busca relevar información para aplicar correcciones, identificar posibles responsabilidades, determinar las causas de las deficiencias y vulnerabilidades existentes, y evitar que continúen prácticas que comprometan el interés público.
La comisión encargada de la intervención estará integrada por la ministra o ministro de Hidrocarburos y Energías, o su representante; la ministra o ministro de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, o su representante; la ministra o ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, o su representante; y la viceministra o viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública, dependiente del Ministerio de la Presidencia.
