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La Cámara de Diputados rechazó el informe elaborado por la Comisión Especial encargada de investigar el denominado caso “maletas”, una decisión que generó críticas de la diputada Lissa Claros, quien cuestionó duramente el desempeño del grupo legislativo y sostuvo que su trabajo fue insuficiente para profundizar en el esclarecimiento de los hechos.

Claros consideró que la comisión no cumplió con el propósito para el que fue conformada y lamentó que, con el rechazo del documento, se cierre una vía institucional dentro de la Asamblea Legislativa orientada a avanzar en la investigación. En ese marco, afirmó que el informe estuvo lejos de responder a las expectativas generadas por el caso y que incluso algunos parlamentarios reconocieron deficiencias en su labor ante la ciudadanía.

La legisladora también señaló que la decisión adoptada por la Cámara no impedirá que otros diputados impulsen acciones por cuenta propia dentro del ámbito legislativo. A su juicio, todavía existen mecanismos que pueden activarse de manera independiente para dar continuidad al seguimiento del caso y evitar que las indagaciones se detengan por completo.

En sus declaraciones, Claros advirtió además sobre el riesgo de que los presuntos involucrados queden sin responder por los hechos que fueron objeto de investigación. Desde su perspectiva, el rechazo del informe podría derivar en un escenario de impunidad para varios de los señalados.

La diputada también respondió a las observaciones respecto a la falta de documentación completa en el proceso, y aseguró que los integrantes de la comisión tuvieron tiempo suficiente para requerir información y emplear las herramientas parlamentarias disponibles. En ese sentido, sostuvo que no existió voluntad política para avanzar con mayor firmeza en la investigación y planteó que la falta de resultados no se debió únicamente a problemas de asesoramiento.

Claros fue más allá al afirmar que, a su criterio, hubo un intento de encubrimiento para que el caso no avance. Según dijo, esa habría sido una de las razones por las que el trabajo de la comisión no logró producir conclusiones de mayor alcance.

Asimismo, la legisladora dijo haber revisado las 90 hojas del informe y cuestionó que una parte importante del contenido se haya centrado en los conflictos internos al interior de la propia comisión. Afirmó que el documento reflejó más disputas por la presidencia del grupo que un verdadero esfuerzo por investigar los hechos.

En su evaluación, el informe no habría aportado elementos nuevos y se habría limitado a reiterar información que ya era conocida por la población. Pese a ello, Claros insistió en que continuará impulsando acciones desde su labor parlamentaria y remarcó que no guardará silencio frente a lo que considera irregularidades.

“No nos vamos a callar frente a estas irregularidades, por mucho que todos los asambleístas estén en contra”, expresó la diputada, al ratificar que seguirá buscando mecanismos para dar continuidad al caso dentro del ámbito legislativo.

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Federico Enrique
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