Estados Unidos elevó este miércoles la presión sobre el gobierno de Nicaragua al exhortar a sus socios internacionales a romper vínculos con Managua, luego de la decisión del Congreso nicaragüense de impedir la participación de opositores en las elecciones. La posición fue difundida en una declaración del secretario de Estado, Marco Rubio, quien llamó a poner fin de inmediato a las relaciones habituales con lo que describió como una “brutal dictadura” encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En el comunicado, Washington sostuvo que los regímenes que niegan derechos fundamentales a sus ciudadanos no deberían recibir los mismos beneficios económicos o políticos que los gobiernos comprometidos con la paz y la seguridad hemisféricas. Rubio afirmó además que la votación aprobada en la Asamblea Nacional “erosionó aún más la ficción de la democracia en Nicaragua”, en una nueva crítica al rumbo político del país centroamericano.
La reacción de Managua no tardó en llegar. Sin responder de manera directa a la condena estadounidense, Ortega habló la noche del miércoles durante el aniversario del ejército nicaragüense y calificó a Estados Unidos como el “enemigo” de países como Nicaragua. El mandatario acusó a Washington de actuar como una potencia militar que se atribuye el derecho de agredir en cualquier parte del mundo y agradeció a las fuerzas armadas por respaldar la enmienda aprobada por el Parlamento.
Ortega también lanzó un mensaje desafiante frente a las advertencias externas y aseguró que, ante quienes amenazan al país, existe “un pueblo y un ejército que ni se vende ni se rinde jamás”. Sus declaraciones se produjeron en un contexto de creciente tensión con Washington y de endurecimiento de las medidas internacionales contra su gobierno.
La Asamblea Nacional, controlada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, aprobó el martes una reforma que prohíbe la participación en los comicios de quienes sean considerados “traidores a la patria”, así como de personas vinculadas con intentos de golpe de Estado o que soliciten “intervención militar” o “bloqueos económicos”. La pareja gobernante suele utilizar esas acusaciones contra sus adversarios políticos.
La modificación legal todavía debe ser ratificada en una segunda legislatura, prevista para enero de 2027, pero en la práctica abriría el camino a un sistema de partido único dominado por el FSLN. Ortega, exguerrillero de izquierda de 80 años, y Murillo, cinco años menor, concentran el poder en el país con un fuerte control social, especialmente desde las protestas de 2018, cuya represión dejó unos 300 muertos según la ONU y provocó cientos de miles de exiliados.
En paralelo, la Administración Trump ha intensificado en los últimos meses la presión económica y diplomática sobre Managua mediante sanciones contra figuras principales del régimen y la búsqueda de apoyo entre aliados de América Latina a través de comunicados conjuntos. El texto difundido por Washington también señaló que el gobierno estadounidense sigue comprometido con identificar e implementar acciones para enfrentar las violaciones de derechos humanos atribuidas al régimen de Murillo-Ortega, incluso en espacios como la Organización de los Estados Americanos.
Ese esfuerzo diplomático ya tuvo un avance reciente: junto con sus aliados regionales, Estados Unidos logró que la OEA aprobara el 19 de agosto la convocatoria de una reunión “urgente” de cancilleres de la región, una medida poco habitual. La organización celebrará este jueves un Consejo Permanente para definir la fecha y el lugar de ese encuentro.
