La Agrupación Patria impulsa una reforma de la Constitución Política del Estado y plantea que cualquier modificación sea sometida a consulta del pueblo boliviano, según informó el senador nacional por Tarija, Rolando Vacaflor. La iniciativa aparece a 17 años de la promulgación de la Carta Magna vigente, aprobada en 2009, y se presenta como una respuesta a los cambios económicos, sociales e institucionales que, a juicio del legislador, hacen necesaria una revisión del marco constitucional.
Vacaflor sostuvo que la propuesta no pretende quedarse en ajustes parciales ni responder solo a la coyuntura política. Su planteamiento apunta a abrir un debate de alcance nacional sobre el funcionamiento del Estado, el modelo económico y la distribución de responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno. En esa línea, consideró que la Constitución debe actualizarse frente a nuevas realidades que no estaban presentes con la misma intensidad cuando fue redactada.
Entre los temas que la agrupación considera prioritarios figuran el régimen de hidrocarburos, la minería, el turismo, la seguridad ciudadana, la salud y la distribución de competencias entre el Gobierno central, las gobernaciones y los municipios. Para Vacaflor, las condiciones bajo las cuales se elaboró la actual Constitución cambiaron de manera significativa, por lo que estos asuntos deberían incorporarse en una eventual reforma.
El senador mencionó, además, la disminución de la producción hidrocarburífera, la necesidad de atraer inversiones, los conflictos vinculados a la explotación de recursos naturales y las dificultades que enfrentan las entidades territoriales como parte del escenario que, desde su perspectiva, debe ser tomado en cuenta. En su criterio, la revisión constitucional también debería alcanzar las reglas sobre la administración de los recursos naturales.
Bolivia mantiene una fuerte dependencia de los ingresos provenientes de hidrocarburos y minería, aunque en los últimos años ambos sectores enfrentaron problemas de producción, inversión, mercados y sostenibilidad. En el caso del gas natural, la caída de los volúmenes disponibles redujo la capacidad de exportación y afectó los ingresos públicos, lo que obligó a las autoridades a buscar nuevas fuentes de financiamiento y a promover inversiones en exploración, industrialización y diversificación productiva.
La minería continúa siendo una de las principales actividades económicas del país, pero arrastra cuestionamientos relacionados con la explotación informal, el control de cooperativas, el impacto ambiental y la distribución de regalías. Para la Agrupación Patria, estos puntos deberían contar con reglas constitucionales más claras y ajustadas a la realidad actual.
El turismo también aparece en la agenda planteada por Vacaflor como uno de los sectores que requiere mayor atención estatal. Bolivia cuenta con destinos naturales, culturales e históricos, pero persisten dificultades en infraestructura, conectividad, promoción y coordinación entre instituciones públicas, aspectos que, según la propuesta, merecen ser revisados.
La seguridad ciudadana y la salud forman parte de la misma discusión. El parlamentario considera necesario precisar las responsabilidades institucionales para evitar duplicidad de funciones y definir con mayor claridad qué corresponde al nivel central, a los gobiernos departamentales y a los municipios. En su criterio, la distribución de competencias es uno de los puntos que más problemas genera en la administración pública.
Gobernaciones y alcaldías suelen advertir que reciben nuevas obligaciones sin contar con los recursos suficientes para cumplirlas, mientras el Gobierno central sostiene que las entidades subnacionales deben fortalecer su capacidad de gestión y recaudación. Ese desacuerdo, según el planteamiento de la Agrupación Patria, también debería ser abordado en una eventual reforma constitucional.
Cualquier modificación de la Constitución debe seguir el procedimiento establecido por la propia Carta Magna. La norma dispone que una reforma total o una que afecte sus bases fundamentales, derechos, deberes y garantías debe realizarse mediante una Asamblea Constituyente originaria plenipotenciaria, activada por voluntad popular. Las reformas parciales, en determinados casos, también requieren una ruta institucional y la aprobación mediante referendo constitucional.
Por esa razón, la propuesta de la Agrupación Patria contempla que la ciudadanía tenga la última palabra sobre el alcance y contenido de los cambios. Vacaflor afirmó que una consulta popular otorgaría legitimidad al proceso y evitaría que la modificación de la Carta Magna quede limitada a acuerdos entre partidos o bloques parlamentarios.
La iniciativa todavía debe convertirse en una propuesta formal, con contenidos específicos y una ruta legislativa definida. También falta establecer si el objetivo será impulsar una reforma parcial o encarar un proceso constituyente de mayor alcance. Mientras tanto, el planteamiento abre un debate político que podría extenderse en los próximos meses.
La discusión podría involucrar a organizaciones sociales, sectores product
