La misión de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA), creada en junio, expresó su respaldo al presidente Rodrigo Paz, avaló la respuesta del Gobierno frente a la crisis social de 53 días y planteó nueve tareas urgentes orientadas a evitar nuevos episodios de conflictividad y a reforzar la democracia en Bolivia.
Las conclusiones forman parte de un documento al que tuvo acceso EL DEBER y que será presentado hoy en Washington, durante una sesión del Consejo Permanente. En esa instancia, Bolivia estará representada por el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo. En tanto, José Luis Lupo fue designado embajador permanente ante la OEA, aunque todavía no fue acreditado.
En su evaluación, la misión sostuvo que el mandato surgido de las urnas debe ser respetado en su integridad. También consideró que la violencia, los bloqueos coercitivos y los intentos de algunos sectores de forzar la renuncia de Paz pusieron en riesgo el orden democrático. Sin embargo, el informe no identifica a los actores involucrados ni califica esos hechos como un golpe de Estado. Al mismo tiempo, destaca que el Gobierno priorizó el diálogo y la contención durante el estado de excepción, que sigue vigente, “sin recurrir a un uso desproporcionado de la fuerza pública”.
De acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo, el conflicto dejó 22 fallecidos, entre ellos 19 personas no movilizadas y tres manifestantes. Además, se registraron 255 procesados y cerca de 40 sentencias abreviadas. Entre las muertes figura la de seis personas que perdieron la vida en el accidente de una aeronave militar que realizaba inspecciones sobre una ruta bloqueada.
Las recomendaciones de la misión apuntan a defender los mandatos democráticos, promover un diálogo plural y permanente, establecer sistemas de alerta temprana, garantizar la participación indígena y campesina, proteger la protesta pacífica, a terceros y los servicios esenciales, reactivar la economía, resguardar al periodismo y aprobar una ley de acceso a la información, investigar los hechos de violencia con debido proceso, y fortalecer a la Defensoría del Pueblo y la transparencia judicial. Sobre la ley de acceso a la información, el documento toma en cuenta que ya fue aprobada por el Senado y pasó a la Cámara de Diputados para su validación final.
La misión estuvo encabezada por el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, y el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha. Llegó a Bolivia el 29 de julio y, durante dos días, instaló cuatro mesas de diálogo en La Paz y Santa Cruz con autoridades, sectores productivos, transportistas, indígenas, campesinos, sindicatos, periodistas, académicos y representantes de la sociedad civil.
