La preocupación por la posible presencia del narcotráfico en el entorno escolar volvió a tomar fuerza tras la advertencia de un representante de las juntas vecinales, quien aseguró que menores de edad estarían siendo captados para la venta de droga dentro de las unidades educativas. David Garamendi, vocero de esa organización, sostuvo que el problema ya no se limitaría a los alrededores de los colegios, sino que habría ingresado al interior de las aulas, donde estudiantes estarían siendo utilizados como intermediarios para la comercialización de sustancias controladas.
El dirigente afirmó que en los últimos días se registraron dos casos que encendieron las alarmas. Uno de ellos involucraría a un adolescente de 14 años, quien habría sido encontrado con sustancias controladas y, según su versión, actualmente enfrentaría un proceso judicial por ese hecho. El segundo caso correspondería a una menor de 13 años, sobre la que también existirían sospechas similares. Para Garamendi, estos episodios reflejarían una tendencia preocupante: la edad de posible involucramiento en actividades vinculadas al narcomenudeo estaría bajando, un fenómeno que, según advirtió, viene siendo observado con inquietud por organismos de niñez y especialistas de la región.
En ese contexto, el representante vecinal pidió a las autoridades educativas y policiales reactivar el operativo denominado «Mochila Segura», una medida que en años anteriores fue aplicada en distintas ciudades del país para realizar revisiones sorpresivas en las mochilas de los estudiantes. De acuerdo con lo planteado, esta estrategia podría funcionar como un mecanismo de prevención y disuasión, además de servir para detectar a tiempo a estudiantes en riesgo antes de que su situación derive en procesos legales.
El pedido también reabre el debate sobre los controles en unidades educativas y la forma en que deben aplicarse sin vulnerar derechos fundamentales. En experiencias previas, este tipo de operativos se coordinaba entre direcciones de colegios, juntas de padres de familia, unidades policiales especializadas e instancias de protección a la niñez. Las inspecciones, además, se realizaban de manera aleatoria y no de forma simultánea en todos los establecimientos, debido a las limitaciones de personal para cubrir la demanda de las distintas zonas.
La alerta de Garamendi se suma a una preocupación más amplia expresada por distintos sectores sociales respecto al reclutamiento de menores por parte de estructuras vinculadas al narcotráfico. Organismos dedicados a la niñez han advertido que estas redes suelen aprovechar contextos de vulnerabilidad económica, familiar y social para involucrar a adolescentes en tareas de bajo perfil dentro de la cadena de comercialización, como el traslado o la venta de pequeñas cantidades de droga.
Hasta el momento, no se conoce una respuesta oficial de las autoridades educativas o policiales sobre el pedido del dirigente vecinal. Sin embargo, se espera que en los próximos días haya definiciones sobre una eventual reactivación de controles preventivos en las unidades educativas, en medio de una creciente preocupación de la comunidad por un problema que perciben cada vez más cercano a las aulas.
