La Gobernación de Tarija presentó los lineamientos de su Plan Operativo Anual (POA) 2027, que prevé un presupuesto de 595 millones de bolivianos orientado principalmente a fortalecer el sistema de salud departamental, respaldar al sector productivo y potenciar el turismo como parte de una estrategia de reactivación económica. La exposición estuvo a cargo del secretario de Economía, Fernando Romero, quien además puso sobre la mesa dos observaciones dirigidas al Gobierno nacional: la demora en la definición de los precios de referencia y la posibilidad de que se concrete el traspaso del 1% de las regalías hidrocarburíferas al nivel central.
Durante la presentación, la autoridad departamental explicó que uno de los principales inconvenientes para cerrar la formulación del presupuesto fue la tardanza del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en remitir los precios oficiales que sirven como base de cálculo para proyectar los ingresos por regalías e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Esa demora obligó al Gobierno central a ampliar hasta el 11 de septiembre el plazo para la entrega del POA 2027, una extensión que, según se remarcó, refleja las dificultades de coordinación entre ambas instancias.
A ello se suma la preocupación por la eventual transferencia de un punto porcentual de las regalías departamentales hacia el Tesoro General de la Nación. De acuerdo con lo expuesto por la Gobernación, esa medida todavía se encuentra en análisis, pero tendría un impacto directo sobre unos ingresos que ya vienen reduciéndose de forma sostenida. La advertencia se enmarca en la caída económica que Tarija arrastra desde 2015, cuando comenzó el descenso continuo de la producción y de los precios del gas natural, principal fuente de recursos del departamento.
El presupuesto proyectado para 2027 confirma esa tendencia a la baja. Como antecedente, el POA 2022 alcanzó los 667 millones de bolivianos, de los cuales 518 millones provenían de regalías hidrocarburíferas. Un año después, en 2023, el monto llegó a 702,7 millones de bolivianos, con una dependencia de las regalías superior al 80% del total. La cifra prevista para 2027 representa una reducción de más de 100 millones de bolivianos respecto a esos periodos, en línea con las advertencias sobre el desgaste del modelo económico sustentado en los hidrocarburos.
Frente a ese escenario, la Gobernación insistió en la necesidad de diversificar la economía departamental y dar mayor impulso a actividades como la vitivinicultura, la producción agropecuaria y el turismo. Estas áreas, además, también fueron golpeadas en los últimos meses por los bloqueos de rutas registrados en otras regiones del país, que ocasionaron pérdidas millonarias tanto al sector público como al privado tarijeño.
En paralelo, la cartera de Economía gestiona la reprogramación de deudas con organismos como el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y busca cooperación financiera internacional para sostener proyectos de infraestructura y desarrollo productivo, en un contexto de iliquidez que las autoridades han descrito como crítico.
Con la presentación del POA 2027, la Gobernación apunta ahora a su tratamiento y aprobación en la Asamblea Legislativa Departamental, en medio de un debate que se anticipa marcado por la disputa en torno a la distribución de recursos entre el nivel central y los departamentos productores de hidrocarburos.
