El Ministerio de Gobierno de Bolivia manifestó este miércoles su inquietud por la cantidad de extranjeros detenidos en los operativos antidroga, en un contexto en el que también se han incautado armas de grueso calibre y decenas de avionetas presuntamente utilizadas para trasladar cocaína fuera del país.
El ministro Marco Antonio Oviedo afirmó ante los medios que los resultados de las labores de interdicción de las fuerzas antidrogas contrastan con las cifras difundidas el martes por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), que reportó un aumento de los cultivos de hoja de coca, de 34.000 hectáreas en 2024 a 36.400 en 2025.
Oviedo sostuvo que en los últimos meses se ha desarticulado una gran cantidad de laboratorios de producción de cocaína y que se registran numerosas detenciones de ciudadanos extranjeros, entre ellos colombianos, brasileños y paraguayos. También señaló que se ha decomisado una cantidad importante de sustancias controladas, aunque sin precisar cifras.
El ministro añadió que en ese mismo periodo se confiscaron más de 80 avionetas que, según los exámenes de microaspirado, dieron positivo y efectivamente habrían sido usadas para transportar cocaína al exterior. A su juicio, lo más preocupante es el hallazgo de armas de grueso calibre, aunque aseguró que la Policía boliviana avanza en una etapa de reinstitucionalización.
Las declaraciones se produjeron un día después de que el director de operaciones de la Unodc, Bo Mathiasen, advirtiera que en Bolivia operan mafias con conexiones con el crimen organizado transnacional. Según explicó, esas redes no solo participan en el narcotráfico, sino también en la trata de personas y la minería ilegal de oro, actividades en las que estarían realizando lavado de activos.
En una entrevista con la red boliviana de televisión UNO, Mathiasen señaló además que una gran cantidad de la hoja de coca producida en Bolivia termina siendo transformada en cocaína destinada a mercados internacionales.
En paralelo, el Ministerio de Gobierno presentó en la víspera su Política Antidroga 2026-2030, orientada a reducir los cultivos excedentarios de hoja de coca mediante acciones basadas en seguridad ciudadana, salud pública y desarrollo integral, con una estrategia que combina la reducción de la oferta y la demanda de drogas.
El plan prevé una financiación de 492 millones de dólares para los próximos cinco años, de los cuales el 56,3 % provendrá de la cooperación internacional y el resto será aportado por el Estado boliviano.
Se trata de la primera política antidroga presentada por un gobierno boliviano ajeno al Movimiento al Socialismo (MAS), que gobernó el país durante casi dos décadas, primero con Evo Morales entre 2006 y 2019 y luego con Luis Arce entre 2020 y 2025.
Desde la llegada al poder del presidente Rodrigo Paz, en noviembre de 2025, Bolivia ha buscado reforzar su cooperación internacional y establecer nuevos mecanismos de coordinación regional frente al crimen organizado y el narcotráfico.
