Seis concejales de La Paz denunciaron haber sido encerrados con candados dentro de las dependencias municipales de la calle Mercado por guardias municipales, mientras cumplían un cuarto intermedio en una sesión y sostenían una huelga de hambre en demanda del pago de salarios adeudados a más de 60 trabajadores.
La medida de presión, iniciada la noche del martes y continuada este miércoles 9 de septiembre, derivó en momentos de alta tensión dentro de las instalaciones ediles. Según la información difundida por Unitel, durante el incidente se registraron forcejeos, rotura de vidrios y la restricción temporal de servicios básicos como agua y luz. En medio del conflicto, un grupo de guardias municipales rompió una ventana de vidrio para ingresar a las oficinas.
Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron el cruce entre personal de seguridad y funcionarios, en un ambiente marcado por la tensión. La presidenta del Concejo Municipal, Waldy Caballero, calificó lo ocurrido como una retención indebida y pidió encaminar una solución al conflicto.
Por su parte, la concejal Casimira Lema rechazó el uso de la fuerza contra una protesta que calificó de pacífica. Además, la directiva del Concejo exigió el cumplimiento de una resolución de la justicia constitucional que dispone regularizar la situación laboral de los trabajadores afectados e inscribirlos en la Gestora Pública y en el Seguro Social.
El reclamo se arrastra desde hace casi cuatro meses sin pago de sueldos, lo que llevó a los concejales y trabajadores a asumir medidas de presión dentro de las instalaciones municipales. En paralelo, el alcalde de La Paz, César Dockweiler, pidió no politizar el conflicto y sostuvo que la solución depende de las decisiones del propio Concejo Municipal.
Dockweiler explicó que la administración central solo procesa las altas y bajas enviadas por la Máxima Autoridad Ejecutiva del Concejo, por lo que instó a esa instancia a emitir los memorándums de contratación necesarios para que se efectivicen los pagos.
El trasfondo del conflicto está en la disputa administrativa entre el Ejecutivo y el Legislativo municipal sobre los procedimientos formales para la contratación del personal técnico y operativo del Concejo. Esa falta de acuerdo ha impedido el desembolso de los haberes y terminó por escalar en una protesta que dejó daños materiales y un nuevo episodio de tensión en la sede edil.
