El Gobierno boliviano sostuvo este miércoles una reunión con una delegación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para coordinar la llegada de una misión civil integrada por policías de distintos países del organismo, con el objetivo de apoyar tareas de prevención de conflictos tras las protestas registradas en mayo y junio.
La comitiva hemisférica estuvo encabezada por el director del Departamento de Seguridad Pública de la OEA, Steven Griner, y por el jefe de la Sección de Seguridad y Justicia, Cristian Taboada. Ambos se reunieron con el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, en un encuentro del que también participó un representante de la Red Interamericana de Desarrollo y Profesionalización Policial (Redpol).
Oviedo explicó que la misión civil de policías está pensada para colaborar en el “establecimiento y mantenimiento de las garantías ciudadanas y la convivencia pacífica”, a través del asesoramiento y el acompañamiento a la Policía Boliviana. En esa línea, Griner señaló que este primer acercamiento con las autoridades bolivianas busca “recoger las expectativas” planteadas al secretario general de la OEA, Albert Ramdin, con la intención de que el organismo despliegue una misión civil en el país.
El representante de la OEA precisó además que la misión todavía se encuentra en fase de diseño, aunque se prevé que esté conformada por policías “pero sin armas, sin uniformes”.
La coordinación se produce después de las protestas que durante siete semanas, entre mayo y junio, impulsaron la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), con respaldo también de grupos afines al exmandatario Evo Morales, para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Los bloqueos provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades, además de dejar al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna a causa de los cortes de ruta, y pérdidas económicas por más de 3.000 millones de dólares.
Oviedo indicó a los medios que esta tarea de observación surge a partir del informe presentado la semana pasada por una comisión de la OEA, luego de su visita a La Paz y Santa Cruz de la Sierra los días 29 y 30 de julio. En esa oportunidad, el organismo llamó a promover un “diálogo más amplio posible entre el Gobierno y todos los sectores de la sociedad boliviana” con el fin de superar la polarización y evitar nuevos episodios de conflicto.
Tras alcanzar acuerdos con sectores como la COB, Paz decretó el pasado 20 de junio el estado de excepción para levantar los bloqueos, una medida que tiene vigencia de 90 días. Sin embargo, algunas autoridades del Ejecutivo abrieron la posibilidad de ampliar esa disposición ante el anuncio de nuevas protestas por parte de algunas organizaciones sociales.
