Ante la persistente escasez de combustibles en los surtidores del país, los cívicos cruceños resolvieron este miércoles dar al Gobierno un plazo hasta el 10 de octubre para solucionar el abastecimiento de carburantes. La decisión fue asumida en el marco de la Asamblea de la Cruceñidad, donde además se planteó la exigencia de implementar el modelo 50-50 a partir de 2027. Si esas demandas no son atendidas, advirtieron con activar movilizaciones y no descartaron convocar a un cabildo.
Entre los primeros puntos expuestos por los representantes cívicos figura la restitución de las competencias que la Constitución asigna a municipios y gobernaciones, así como la devolución de los recursos que, según su denuncia, fueron “cercenados” desde el nivel central del Estado. La demanda apunta a que estas instancias recuperen atribuciones y financiamiento para la ejecución de obras y servicios en sus respectivas jurisdicciones.
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, explicó que la exigencia del modelo 50-50 busca que la mitad de los recursos generados en las regiones permanezca en los departamentos y sea administrada por gobernaciones, municipios y universidades. Según señaló, esos fondos deberían destinarse a la construcción de obras, escuelas, hospitales y caminos.
La Asamblea de la Cruceñidad también pidió la liberación total de la importación, distribución y comercialización de combustibles, además de la eliminación de impuestos con el objetivo de reducir los precios para la población. Cochamanidis sostuvo que se debe romper el monopolio de YPFB, al que responsabilizó de haber generado corrupción junto con la ANH.
En caso de que el Gobierno no atienda estas demandas, la Asamblea facultó a Cochamanidis para impulsar medidas de presión de manera escalonada y en coordinación con otras instituciones. “En caso de que el Gobierno no atienda las demandas planteadas, el 10 de octubre, día de la Democracia, empezarán las movilizaciones en las calles para recuperar lo que el centralismo nos robó”, afirmó.
