Este jueves, desde las 10:00, Tarija será el punto de encuentro de ocho gobernaciones que buscarán transformar el debate sobre el nuevo pacto fiscal y el modelo 50-50 en planteamientos concretos. La reunión técnica tiene como objetivo ordenar primero las prioridades más urgentes de las finanzas departamentales y luego llevar una propuesta común al Gobierno nacional.
El secretario de Finanzas de la Gobernación de Tarija, Fernando Romero, señaló que todavía existen compromisos asumidos por el nivel central que no se han materializado en medidas efectivas. Entre ellos mencionó la readecuación de las deudas departamentales con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), una de las principales cargas que enfrentan las gobernaciones.
Romero afirmó que se habló de un programa para reordenar esas obligaciones, pero que hasta ahora no se ha recibido ninguna propuesta formal. En ese contexto, también aludió a los cambios recientes en el Ministerio de Economía, aunque remarcó que, pese a ese relevo, la falta de avances persiste.
Otro de los puntos que preocupa a las gobernaciones es el financiamiento de gastos que consideran responsabilidad del nivel nacional. En ese marco, se impulsa una norma para que los gobiernos departamentales dejen de asumir el pago de prediarios, bonos de vacunación y otras competencias que no les corresponden. Según se recordó en la Gobernación tarijeña, esa medida significaría para el departamento un alivio de alrededor de 17 millones de bolivianos. Sin embargo, el proyecto sigue sin avanzar en la Asamblea Legislativa y, de acuerdo con Romero, permanece estancado en el Senado.
A ello se suma la intención de abrogar el Fondo de Incentivos a la Exploración Petrolera, que desde 2017 se financia con el 12% de los recursos del IDH departamental y, según la evaluación expuesta, no ha generado resultados significativos.
La discusión también incorpora una apuesta de mayor alcance: que las gobernaciones ingresen al esquema de coparticipación tributaria a partir del Presupuesto General del Estado 2027. La idea no apunta, por ahora, a disputar recursos a municipios ni universidades, sino a conseguir una participación del 75% de atribución nacional, aunque sea reducida, para comenzar a modificar la estructura de financiamiento departamental.
En Tarija, la deuda ronda los mil millones de bolivianos, de los cuales 500 millones corresponden a proyectos con el FNDR. Ese dato refuerza la urgencia de una salida que permita aliviar la presión financiera sobre la administración departamental.
El director de Autonomía de la Gobernación de Tarija, Esteban Ortuño, ya había advertido que el problema de fondo sigue siendo el centralismo económico, al que atribuye las limitaciones para gestionar con mayor autonomía. “Tenemos una autonomía descafeinada”, afirmó, al cuestionar que las gobernaciones asuman cada vez más responsabilidades sin contar con ingresos suficientes para sostenerlas.
El modelo 50-50 continúa como horizonte del debate, aunque el ministro de Economía, Christian Morales, planteó esta semana que antes de avanzar hacia ese esquema es necesario sanear y readecuar las finanzas municipales. Las gobernaciones, sin embargo, quieren que la discusión las incluya de forma expresa y sin más demoras. En Tarija consideran que no tiene sentido hablar de una redistribución futura mientras sigan vigentes obligaciones nacionales que se pagan con recursos departamentales, deudas que siguen presionando las cuentas y una estructura de ingresos que mantiene alta la dependencia del nivel central.
Por eso, el encuentro técnico previsto para este jueves buscará consolidar una propuesta común de aplicación inmediata dentro del marco jurídico vigente, de modo que luego pueda ser presentada por las máximas autoridades departamentales en una negociación con el presidente y el Ministerio de Economía.
La agenda se concentrará en tres frentes: aliviar las cargas actuales, reordenar la deuda y abrir desde 2027 un cambio en el esquema de distribución de recursos. El desafío, en adelante, será que los compromisos asumidos en el debate autonómico de agosto finalmente se conviertan en normas, programas y recursos concretos.
