La reducción del presupuesto destinado al Carnaval de Oruro en el Plan Operativo Anual 2027 abrió un nuevo debate en el municipio sobre la forma en que debe administrarse la principal festividad de la ciudad. La asignación prevista para esa gestión asciende a 2.674.340 bolivianos, una cifra menor a los 3,4 millones de bolivianos contemplados para 2026, de los cuales cerca de 2,9 millones ya fueron ejecutados.
El recorte fue observado por el concejal Antonio de Jesús Bazán, quien cuestionó que se reduzcan los recursos en una celebración que, además de su valor simbólico, tiene un peso económico relevante para Oruro. A su criterio, la tendencia debería ser la contraria: incrementar la inversión para reforzar la promoción y difusión del Carnaval, así como la defensa del patrimonio cultural que representa. Bazán sostuvo que el municipio necesita mayor respaldo para enfrentar las disputas relacionadas con la apropiación de danzas y manifestaciones culturales, especialmente frente a cuestionamientos que surgen desde la región peruana de Puno. En ese marco, afirmó que se debería destinar más dinero para posicionar la festividad y protegerla.
Desde la Alcaldía, sin embargo, la lectura es distinta. El director de Planificación, Franz Martínez, explicó que la disminución responde a una nueva estrategia de gestión orientada a cambiar la lógica con la que se administra el Carnaval. Según señaló, la intención es que la actividad deje de ser vista únicamente como un gasto para el municipio y pase a convertirse en una fuente de ingresos y beneficios para la ciudad.
Martínez recordó que, en la práctica, la Alcaldía asume diversos costos vinculados con la organización del evento, entre ellos infraestructura, baños, iluminación, asfaltado y otras condiciones necesarias para su desarrollo. Pese a ello, advirtió que los recursos que se generan durante la festividad, como los provenientes de la venta de asientos y de distintas actividades comerciales, no siempre retornan al municipio.
En esa línea, el Ejecutivo Municipal analiza modificar la modalidad de administración del Carnaval y buscar una mayor participación del Gobierno nacional. El argumento es que la festividad no proyecta únicamente la imagen de Oruro, sino también la de Bolivia en su conjunto. Martínez añadió, además, que de acuerdo con datos históricos que maneja la Alcaldía, una parte importante de quienes obtienen ganancias durante el evento mediante la venta de asientos, comida rápida y otros productos provendría de otros departamentos, un aspecto que también será tomado en cuenta dentro del nuevo esquema.
Por ahora, la autoridad municipal evitó adelantar mayores detalles sobre la estrategia y señaló que será el alcalde Iván Quispe quien explique públicamente la nueva modalidad de administración. Mientras tanto, el monto asignado al Carnaval de Oruro continúa generando observaciones y mantiene abierto el debate en el tratamiento del POA 2027. La Alcaldía insiste en que la reducción no significa desatender la festividad, sino replantear la forma en que se distribuyen y recuperan los recursos públicos vinculados a uno de los eventos más importantes del calendario cultural de la ciudad.
