Este jueves en Tarija, el alcalde de Cercado, Johnny Torres, y el gobernador de Chuquisaca, Luis Ayllón, sostuvieron una reunión con el propósito de sumar esfuerzos en torno al proyecto hidroeléctrico El Carrizal, una iniciativa que ambos consideran estratégica para el sur del país y que, al mismo tiempo, continúa generando fuertes cuestionamientos por sus posibles impactos ambientales y sociales.
Durante la conferencia de prensa ofrecida en la Alcaldía, las autoridades insistieron en la necesidad de que el Gobierno Nacional viabilice la inversión para poner en marcha la obra. En caso de que eso no ocurra, señalaron que buscarán alternativas para que las gobernaciones asuman la gestión del proyecto.
El impulso a El Carrizal cuenta con el respaldo de un comité conformado por autoridades de Tarija, Chuquisaca y Potosí. Sin embargo, la propuesta también ha despertado rechazo entre comunidades indígenas, pescadores y ambientalistas, que advierten sobre riesgos irreversibles para el río Pilcomayo y el ecosistema chaqueño.
La hidroeléctrica está proyectada sobre el río Camblaya, en una zona limítrofe entre Tarija y Chuquisaca, cerca del Cañón del Pilaya, considerado uno de los más profundos del mundo. De acuerdo con las estimaciones difundidas, el proyecto requeriría una inversión de entre 900 y 1.300 millones de dólares y, una vez en operación, podría generar 235 millones de dólares anuales.
Torres defendió la magnitud de la iniciativa y sostuvo que su aporte energético sería significativo para el país. Según explicó, Bolivia consume alrededor de 1.600 megavatios hora en hora pico, por lo que El Carrizal podría producir 300 megavatios hora, una cifra que, a su juicio, representa una parte importante de la demanda nacional.
Ayllón, por su parte, remarcó que la inversión es necesaria para evitar una posible crisis energética en el corto plazo. En su criterio, el país no puede seguir dependiendo de los recursos fósiles, que consideró en proceso de agotamiento, y advirtió sobre el riesgo de apagones si no se prevé la generación de nuevas fuentes de energía.
El gobernador chuquisaqueño también informó que se está articulando un comité impulsor con autoridades de Potosí, Chuquisaca y Tarija, con el objetivo de consolidar la demanda ante el Gobierno Nacional para que gestione los recursos necesarios. Añadió que el financiamiento podría canalizarse por distintas vías y que existe interés de otros países y organismos internacionales. Además, señaló que el pago podría provenir de una eventual exportación de la energía generada.
Al cierre de sus declaraciones, Torres y Ayllón coincidieron en que, si el nivel central no impulsa la iniciativa, los departamentos del sur buscarán la forma de avanzar con la gestión a través de las gobernaciones.
Pese a ese respaldo institucional, el proyecto sigue enfrentando observaciones en Tarija y Chuquisaca. Entre los sectores que han expresado su rechazo figuran el Comité de Defensa del Pilcomayo en Villa Montes y la representación cívica de Villa Abecia, que advierten posibles efectos negativos derivados de la construcción de la represa, entre ellos la sedimentación y la afectación del ecosistema.
