Las gobernaciones del país acordaron fijar el 15 de octubre como plazo para la abrogación de la Ley 767, en el marco de los consensos alcanzados para impulsar la denominada Agenda 50/50 y reforzar la autonomía fiscal de los gobiernos departamentales.
La definición fue trabajada esta semana en Tarija, donde equipos técnicos de ocho gobernaciones analizaron propuestas financieras, legales y administrativas con el objetivo de construir una posición conjunta frente al Gobierno nacional y la Asamblea Legislativa Plurinacional. En ese proceso, los representantes departamentales abordaron cambios orientados a reducir la condicionalidad sobre los recursos de los gobiernos autónomos y ampliar su participación en la distribución de los ingresos nacionales.
El secretario de Economía y Finanzas de la Gobernación de Tarija, Fernando Romero, explicó que una de las principales propuestas consiste en elevar la coparticipación tributaria al 15%. Según la referencia utilizada en la reunión, basada en una coparticipación tributaria de Bs 48.433 millones proyectada para 2025, ese porcentaje representaría alrededor de Bs 7.265 millones anuales para las nueve gobernaciones.
Romero aclaró que ese monto no implicaría necesariamente un gasto adicional para el Tesoro General de la Nación, sino una redistribución de los ingresos tributarios ya existentes. En ese escenario, el nivel central dejaría de administrar esos recursos para transferirlos a las administraciones departamentales.
Otro de los planteamientos puestos sobre la mesa es la devolución del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, junto con la revisión de varias competencias que actualmente son financiadas por las gobernaciones, entre ellas el bono de vacunación, los prediarios y los títulos de bachiller. Sobre este punto, Romero indicó que todavía no existe una cifra consolidada para el conjunto de las nueve gobernaciones. En el caso de Tarija, estimó que dejar de cubrir esas obligaciones permitiría liberar entre Bs 13 y 14 millones al año, mientras que en Santa Cruz el monto bordearía los Bs 58 millones.
La agenda discutida en Tarija también incluye medidas para enfrentar la situación financiera de los departamentos. En ese marco, las gobernaciones propusieron una pronta reprogramación de sus deudas, especialmente con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, además de mecanismos que permitan restablecer el equilibrio fiscal.
Romero explicó que el Programa de Readecuación Financiera no debe entenderse solo como una transferencia extraordinaria ni como una condonación de deuda. Recordó que el Decreto Supremo 5686 contempla herramientas como la consolidación, conversión, renegociación, diferimiento y refinanciación de obligaciones. Añadió que el monto requerido por cada gobernación deberá definirse de manera individual, en función de su déficit, nivel de endeudamiento, liquidez y obligaciones pendientes.
A cambio de una mayor disponibilidad de recursos, las gobernaciones también plantearon compromisos de disciplina fiscal, entre ellos la racionalización del gasto corriente, la priorización de la inversión productiva y social, la mejora de los ingresos propios y una mayor transparencia en la ejecución presupuestaria.
Los equipos técnicos suscribieron un Acta de Conclusiones que establece el 24 de septiembre como plazo para que las máximas autoridades ejecutivas de cada departamento se pronuncien sobre los acuerdos alcanzados. Además, se acordó activar un cronograma de trabajo para avanzar en la concertación del Convenio RESTAURA con las nueve gobernaciones y dar seguimiento a las propuestas vinculadas con la coparticipación del 15%, el 12% del IDH, las competencias financiadas y el programa de readecuación financiera.
Romero señaló que aún falta definir un cronograma integral para la implementación de la Agenda 50/50, aunque ya existen plazos específicos, como el 15 de octubre para la abrogación de la Ley 767. También recordó que el Decreto Supremo 5686 establece un máximo de 20 días hábiles para que el Ministerio de Economía apruebe la reglamentación específica del PRFT mediante resolución ministerial, trámite que, según indicó, todavía está pendiente.
Para dar seguimiento a estos compromisos, se conformó un Comité Técnico Permanente, encargado de evaluar las acciones del Gobierno y de la Asamblea Legislativa frente a las demandas planteadas por las gobernaciones. Romero sostuvo que el objetivo es que la Agenda 50/50 no se limite a una mayor asignación de recursos, sino que esté acompañada por responsabilidad fiscal, eficiencia y resultados verificables, con prioridad en áreas como desarrollo productivo, turismo, salud e inversión depart
