La intervención realizada en YPFB en Santa Cruz dejó al descubierto una serie de presuntas irregularidades vinculadas con la venta, asignación, despacho y facturación de combustible, además de la existencia de más de 300 usuarios que interactuaban con los sistemas de la estatal petrolera, según informó este viernes el viceministro de Transparencia, Yamil García.
La autoridad detalló que entre los hallazgos figuran la venta irregular y anticipada de combustible, así como la facturación previa de millones de litros que todavía no habían ingresado al territorio nacional. A ello se suma, dijo, la asignación discrecional de combustible a determinados compradores, sin criterios objetivos que respalden esas decisiones.
García explicó que también se identificó la participación de usuarios externos que habrían influido en la asignación de despachos con el fin de favorecer a ciertos usuarios y proveedores. En ese marco, señaló que los sistemas revisados no generaban alertas para detectar este tipo de inconsistencias, pese a que se encontraron desfases entre los volúmenes programados, despachados y facturados, además de modificaciones posteriores realizadas de manera retroactiva.
El viceministro sostuvo que estas acciones habrían estado orientadas a beneficiar a contrabandistas y a desviar combustible subvencionado. Por esa razón, anunció que se iniciarán acciones legales contra usuarios, operadores, funcionarios y despachantes identificados durante la intervención.
La investigación, sin embargo, no se limitó al nivel operativo. García informó que la comisión también intervino el denominado “Búnker Digital” de YPFB, ubicado en la avenida 16 de Julio, en La Paz, donde se recopiló información sobre las inversiones realizadas por la estatal en infraestructura tecnológica durante los últimos cinco años.
De acuerdo con el informe, YPFB habría invertido más de Bs 470 millones en ese periodo. Pese a ello, el viceministro cuestionó que no se haya desarrollado un sistema que permita establecer una trazabilidad completa del combustible, desde su ingreso hasta su despacho y facturación.
“Los bolivianos hemos gastado más de 470 millones de bolivianos en los últimos cinco años para montar bunkers digitales. Sin embargo, no se ha elaborado un sistema informático y digital que permita la trazabilidad de la información”, afirmó García.
La intervención también contará con la participación de la AGETIC, con el propósito de determinar quiénes permitieron que usuarios antiguos siguieran interactuando con los sistemas considerados vulnerables y definir responsabilidades más allá de quienes tenían acceso operativo.
En ese contexto, García precisó que los usuarios identificados que operaban de manera irregular superan los 300. Aunque sus accesos fueron cortados, remarcó que esa medida solo tiene carácter correctivo y que ahora la tarea es establecer quiénes autorizaron o permitieron que esas interacciones continuaran.
“Más allá de la medida correctiva, nosotros necesitamos identificar a quienes han permitido que estas interacciones continúen”, sostuvo el viceministro.
Finalmente, señaló que la investigación también abarcará otros gastos efectuados por YPFB que, según la comisión, no habrían contribuido a resolver el problema del contrabando y el desvío de combustible.
