A casi una semana de las explosiones registradas en el Regimiento Bolívar de Viacha, la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto (APDH), Virginia Ugarte, pidió a las autoridades acelerar la atención a las familias damnificadas y garantizar el resarcimiento por las pérdidas ocasionadas.
La representante informó que una comisión de Derechos Humanos se trasladó hasta Viacha para verificar y cuantificar los daños, además de acompañar a las familias de las víctimas y apoyar en los trámites necesarios para acceder a los beneficios establecidos por la normativa. Según explicó, el trabajo de campo permitió constatar que los perjuicios en las viviendas son más graves de lo que se había reportado inicialmente.
Ugarte señaló que no solo resultaron afectados vidrios y fachadas, sino también puertas, chapas, artefactos, mercadería y el capital de trabajo de las familias que tenían tiendas y otros negocios dentro de sus domicilios. En ese sentido, insistió en que las pérdidas deben ser evaluadas de manera integral para que la compensación refleje el daño real sufrido por cada hogar.
La presidenta de la APDH también advirtió que en varias viviendas de tres y cuatro pisos vivían más de una familia, por lo que el relevamiento debe determinar cuántas personas fueron afectadas y cuál es el impacto económico total. A su criterio, ese dato es clave para que la atención no se limite a una primera estimación de daños, sino que contemple la dimensión completa de la tragedia.
Ugarte informó además que la Gobernación de La Paz y el Gobierno Municipal de Viacha trabajan en un proyecto de resarcimiento para los damnificados, aunque pidió que ese proceso reciba prioridad y celeridad para que pueda ser aprobado y aplicado cuanto antes. En su criterio, las familias no pueden seguir esperando mientras continúan enfrentando las consecuencias de las explosiones.
La representante de Derechos Humanos expresó también su preocupación por las personas que fueron evacuadas de sus viviendas y permanecen en albergues. Señaló que esa situación no sustituye las condiciones de un hogar propio y que, por ello, las autoridades deben atender con urgencia la necesidad de una solución para quienes perdieron sus casas o sufrieron daños severos.
En paralelo, planteó la necesidad de reforzar y equipar el hospital de Viacha, tomando en cuenta las demandas de salud que dejó la tragedia y la atención que también brinda a poblaciones cercanas. Para Ugarte, la respuesta institucional debe abarcar no solo la reparación material, sino también la capacidad de atención médica y el acompañamiento a las familias afectadas.
Otro de los puntos que destacó fue la situación de las cinco personas que continúan desaparecidas. Ugarte pidió acelerar la búsqueda y brindar apoyo psicológico a los familiares que siguen a la espera de información. Al referirse a ese escenario, sostuvo que la angustia de los allegados responde a una necesidad legítima de conocer el paradero de sus seres queridos.
Finalmente, la presidenta de la APDH pidió que la tragedia no sea politizada y que las autoridades e instituciones concentren sus esfuerzos en atender a los damnificados, a las familias de las víctimas y a quienes aún esperan respuestas.
