Bolivia cerró el primer semestre de 2026 con 26 denuncias por el delito de incendio, una cifra menor a la registrada en el mismo período de 2025, cuando se reportaron 28 casos a nivel nacional. La reducción fue de 7,1%, aunque el dato no alcanza para disipar una preocupación que se repite cada año: la dificultad de identificar a los responsables, hacer avanzar las investigaciones y lograr sanciones efectivas frente a incendios que dejan un fuerte impacto ambiental.
Los datos difundidos por el Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas (OBSCD) muestran que Santa Cruz volvió a concentrar la mayor cantidad de denuncias en ambos períodos. En el primer semestre de 2025 ese departamento registró 19 casos, mientras que en igual lapso de 2026 la cifra bajó a 11. Pese a la disminución, el peso de Santa Cruz en el total nacional confirma la presión que persiste sobre sus zonas forestales y rurales, donde las quemas y los incendios siguen siendo uno de los principales riesgos ambientales.
Tarija aparece en el segundo lugar del registro, con cuatro denuncias en 2026, dos más que las reportadas en la gestión anterior. Más atrás se ubican Cochabamba y La Paz, con tres procesos cada uno, cuando en el primer semestre de 2025 ambos departamentos habían registrado dos casos. Pando y Oruro sumaron dos denuncias, mientras que Chuquisaca y Potosí no reportaron procesos en el período analizado.
Sin embargo, la cantidad de denuncias no refleja por sí sola la magnitud del problema. Los incendios que se produjeron después del primer semestre de 2026 dejaron miles de hectáreas afectadas y obligaron a desplegar a bomberos, policías, Fuerzas Armadas, autoridades locales y voluntarios en distintas zonas del país.
En el plano penal, el artículo 206 del Código Penal establece que quien, mediante incendio, genere un peligro común para las personas o los bienes puede recibir una pena de privación de libertad de dos a seis años. Según las circunstancias y el daño ocasionado, las investigaciones también pueden derivar en otras figuras penales y agravantes.
Uno de los principales obstáculos, de acuerdo con antecedentes de la Procuraduría General del Estado (PGE), no se limita a abrir procesos, sino a conseguir que lleguen a una sentencia. La entidad informó que, tras revisar casos vinculados con incendios forestales de gestiones anteriores, identificó más de 174 procesos penales en materia ambiental. No obstante, una parte importante quedó en etapa preliminar o no avanzó, entre otros motivos, por la dificultad para establecer quiénes fueron los responsables.
En otro balance, la Procuraduría señaló que entre 2023 y 2024 intervino en 22 procesos considerados graves y obtuvo nueve sentencias condenatorias ejecutoriadas. Además, advirtió que durante años no se impulsaron con suficiente fuerza acciones de reparación por los daños ambientales provocados por los incendios, un tema que recién comenzó a ganar espacio en el debate jurídico.
A esa dificultad se suma otra preocupación vinculada con la severidad de las sanciones. Durante la temporada de mayor incidencia de incendios, desde la Fiscalía de Tarija se planteó que diputados y senadores analicen en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un proyecto de ley orientado a endurecer las penas por el delito de incendio.
En ese departamento, los incendios forestales consumieron durante 2026 más de 10.000 hectáreas, según datos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT). La Reserva de Sama concentró aproximadamente la mitad del área afectada, mientras que las emergencias se concentraron sobre todo en los municipios de Cercado y San Lorenzo, con intervención de los tres niveles del Estado.
Las investigaciones policiales y fiscales establecieron que la mayoría de los casos estuvieron relacionados con actividad humana, un elemento que vuelve a colocar en el centro del debate la prevención, el control y la respuesta penal frente a un delito que cada año deja consecuencias ambientales de gran magnitud.
