Las investigaciones abiertas por las explosiones registradas en el Regimiento Bolívar de Viacha deberán establecer si hubo una omisión en la destrucción del material pirotécnico que permanecía almacenado en esa unidad militar y, al mismo tiempo, definir en qué punto de la cadena institucional surgieron las responsabilidades.
Así lo planteó el excomandante de la Primera División de Ejército, Luis Alcázar, quien remarcó que uno de los elementos centrales del caso es la solicitud presentada en septiembre de 2025 por el entonces comandante del Regimiento Bolívar, teniente coronel Amaru, para que se autorizara la destrucción de ese material. De acuerdo con su explicación, el oficial presentó un informe acompañado de una recomendación para proceder con el proceso, pero hasta ahora no se habría emitido la autorización correspondiente.
Alcázar sostuvo que un comandante de unidad no tiene la facultad de disponer por sí mismo la destrucción de material que se encuentra bajo determinadas condiciones de custodia. En ese tipo de casos, afirmó, era necesaria una resolución del Ministerio de Defensa que habilitara el procedimiento.
El exjefe militar explicó además que parte del material que ingresa a instalaciones castrenses proviene de comisos realizados en operativos contra el contrabando y que, cuando esos elementos forman parte de procesos judiciales, pasan a convertirse en evidencia. Por esa razón, consideró que la investigación no debe limitarse únicamente al ámbito militar, sino también revisar qué ocurrió dentro de la cadena institucional y judicial vinculada con la custodia y la disposición de esos bienes.
“Eso es lo que se tiene que determinar”, afirmó al referirse a la posible omisión y a la identificación de quién debía tomar la decisión.
Alcázar también llamó a que las indagaciones se desarrollen sin politización y abarquen todas las aristas del caso, con el fin de establecer si existieron responsabilidades o incumplimientos en el manejo del material.
Otro de los puntos que puso sobre la mesa fue la ubicación de los cuarteles en zonas urbanas. Según explicó, muchas unidades fueron construidas originalmente lejos de los centros poblados, pero el crecimiento de las ciudades terminó rodeándolas. A su juicio, sería recomendable que este tipo de instalaciones se mantengan a una distancia prudente de las áreas habitadas, tanto por seguridad de la población como por la naturaleza de las actividades que allí se realizan.
No obstante, aclaró que un eventual traslado implicaría una fuerte inversión estatal para levantar nuevas instalaciones y depósitos con las condiciones de seguridad necesarias.
Finalmente, Alcázar señaló que la tragedia debe servir para revisar los protocolos y la normativa relacionados con la administración, custodia y destrucción de materiales de alta peligrosidad, con el propósito de evitar que un hecho similar vuelva a repetirse.
