El gabinete ministerial aprobó un decreto supremo para ampliar por 90 días el estado de excepción vigente en el país, una decisión que ahora deberá ser tratada por la Asamblea Legislativa antes del vencimiento de la norma actual, previsto para este viernes 18 de septiembre.
La confirmación fue hecha la noche del lunes 14 de septiembre por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, al término de la reunión del Ejecutivo. Con esa determinación, el Gobierno busca mantener el régimen especial mientras persisten tensiones sociales y se mantiene latente la amenaza de bloqueos de carreteras.
De acuerdo con la información difundida por Unitel, la propuesta será remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional, instancia en la que los ministros deberán explicar las razones que sostienen la necesidad de extender la medida. Entre los argumentos expuestos por el Ejecutivo figuran la persistencia de conflictos sociales, el riesgo de nuevos bloqueos y la necesidad de resguardar la infraestructura pública y los servicios básicos.
Desde el Gobierno sostienen que levantar la norma en este momento podría reactivar focos de conflicto y poner en riesgo la libre circulación y la seguridad en las ciudades. La prórroga, en ese sentido, se plantea como una herramienta para evitar un deterioro mayor del orden público.
La decisión, sin embargo, abrió nuevamente el debate político. Dentro de la oposición hay posiciones divididas frente a la extensión del estado de excepción. El líder de Libre, Jorge Tuto Quiroga, condicionó su respaldo a que el Gobierno presente un informe transparente sobre los resultados alcanzados hasta ahora. Otros legisladores opositores rechazaron la propuesta con mayor firmeza y sostienen que la intención de prolongar la medida es desmovilizar la protesta social en lugar de atender las causas de fondo de la conflictividad.
Más allá de la discusión política, la vigencia del estado de excepción tiene efectos directos sobre la vida cotidiana. Las restricciones a las reuniones y el mayor control en las vías públicas inciden en el normal desarrollo de las actividades comerciales, el transporte y el trabajo de miles de familias. Mientras algunos sectores consideran que la presencia de seguridad en las calles ayuda a prevenir desórdenes, comerciantes y trabajadores advierten que las limitaciones de movilidad afectan sus ingresos diarios y aumentan la incertidumbre económica.
La medida fue declarada originalmente el 20 de junio, en respuesta a protestas y bloqueos que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Si la Asamblea Legislativa no aprueba el nuevo decreto antes del cierre del 18 de septiembre, el estado de excepción dejará de regir automáticamente desde el sábado 19, con el restablecimiento pleno de los derechos y garantías constitucionales.
