El oficialismo y sectores afines al gobierno de Rodrigo Paz aguardan que el vicepresidente, Edmand Lara, convoque a sesión de la Asamblea antes de la medianoche del viernes, cuando vence el estado de excepción vigente en Bolivia. La preocupación central es que, si el plazo expira sin una ampliación aprobada, la medida de restricción podría quedar sin efecto.
La urgencia quedó reflejada en las declaraciones del diputado Alejandro Reyes, electo por la alianza Unidad y convertido en uno de los principales defensores del Gobierno. El legislador pidió a Lara actuar con rapidez y sostuvo que debería pensar en la población que busca trabajar, llegar a Navidad y recuperar su economía, antes que en un cálculo político que, a su juicio, además sería equivocado por su cercanía con Evo Morales.
El estado de excepción fue promulgado el 20 de junio de este año y, según la ley 1740, tiene una vigencia de 90 días. Por ello, el Ejecutivo busca que la Asamblea apruebe una ampliación del plazo antes de que concluya el periodo actual.
La solicitud no proviene solo de Reyes. El senador Nicanor Cochi, del PDC, también reclamó una convocatoria inmediata a sesión para tratar y aprobar un nuevo periodo de 90 días. Desde su perspectiva, la medida ha sido aplicada con moderación, bajo manejo policial y con respaldo ciudadano, especialmente después de los días de bloqueo que, dijo, dejaron debilitados a sectores como los gremiales.
Sin embargo, ambos legisladores no coinciden en torno a la reforma constitucional que impulsa el Gobierno. Reyes considera que no existe contradicción, al sostener que la Constitución establece que para el referéndum no tendría que haber estado de sitio y que, para entonces, el país ya estará pacificado.
La Constitución Política del Estado, no obstante, establece en el parágrafo III del artículo 140 que no puede iniciarse ninguna reforma mientras esté vigente un estado de excepción. El texto señala de forma expresa que “la reforma a la Constitución no podrá iniciarse mientras esté vigente un estado de excepción”.
A partir de esa disposición, el propio senador Cochi reconoció que, una vez aprobadas las restricciones, las reformas constitucionales que se estaban planteando tendrán que entrar en pausa, lo que abre un nuevo frente de dificultades para el Gobierno.
