El gabinete del presidente Rodrigo Paz aprobó este lunes el Decreto Supremo 5707, con el que se plantea ampliar por 90 días el Estado de excepción que rige desde el 20 de junio y que vence este viernes 18 de septiembre. La medida, sin embargo, todavía debe pasar por la aprobación del Legislativo para entrar en vigencia.
De acuerdo con el texto incluido en el decreto, la extensión se aplicaría por un nuevo periodo de 90 días calendario, lo que llevaría la vigencia de la restricción hasta diciembre. El artículo 2 de la norma establece que el Estado de Excepción por Conmoción Interna, declarado mediante el Decreto Supremo 5636, “se amplía por noventa (90) días calendario”, computables desde la conclusión del plazo originalmente fijado y en todo el territorio nacional.
En la justificación de la medida, el Gobierno incorpora referencias al informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la crisis de 53 días registrada entre mayo y junio. Según el documento, ese informe recomienda al país proteger el derecho a la protesta pacífica, al mismo tiempo que se garanticen los derechos de terceros vinculados con la vida, la salud, la alimentación, el libre desplazamiento y el acceso a otros servicios esenciales.
El Ejecutivo también cita que la OEA sugirió desarrollar los arreglos necesarios para resguardar la infraestructura crítica y establecer corredores humanitarios y logísticos en eventuales nuevos episodios de protesta, siempre de acuerdo con el marco constitucional vigente y el estado de derecho.
Además, el decreto sostiene que los informes emitidos por el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Defensa muestran que persisten riesgos y factores de conflictividad que podrían afectar la estabilidad del orden público. En ese marco, el texto menciona amenazas y advertencias provenientes de determinados sectores movilizados.
La administración de Paz advierte también sobre la posibilidad de que se reactiven medidas de presión, bloqueos y otras acciones que comprometan la libre circulación de personas y bienes, el abastecimiento de productos e insumos esenciales, la continuidad de los servicios y la seguridad de la población.
Según el Gobierno, estas circunstancias podrían generar escenarios de desestabilización del orden público y alterar el funcionamiento normal de las instituciones, así como de las actividades económicas y sociales del país.
