A pocas horas de que venza el actual estado de excepción, el Gobierno insiste en la necesidad de ampliar la medida por otros 90 días, con el argumento de que aún persisten factores de riesgo que podrían poner en tensión la estabilidad del país.
El vocero presidencial José Luis Gálvez sostuvo que la prioridad del Ejecutivo es asegurar condiciones para el trabajo y la normalidad de las actividades cotidianas. “Lo que el país necesita es tener la plena garantía de trabajar”, afirmó al defender la solicitud de ampliación.
De acuerdo con Gálvez, durante los 90 días en los que estuvo vigente la medida la situación general mejoró, no se produjeron disturbios de mayor magnitud y tampoco fue necesario recurrir a otras facultades previstas para escenarios más complejos. Añadió que las protestas registradas fueron atendidas respetando los derechos democráticos.
Pese a ese balance, el vocero remarcó que las causas que motivaron la declaratoria no han desaparecido. Según explicó, siguen presentes amenazas de bloqueos, medidas de presión y movilizaciones impulsadas por determinados sectores políticos y sociales, lo que a juicio del Gobierno mantiene latente el riesgo de alteraciones.
En ese marco, la ampliación busca preservar la estabilidad, garantizar la libre circulación y evitar eventuales problemas de abastecimiento. El Ejecutivo también plantea que la medida permitiría que la población continúe con sus actividades económicas y laborales con normalidad.
El Gobierno, además, considera que el contexto económico sigue siendo complejo y que algunas demandas de sectores sociales todavía se encuentran en proceso de atención. Gálvez señaló que varias de esas medidas fueron tratadas recientemente en la Asamblea con la intención de generar condiciones para trabajar y producir.
La definición ahora quedará en manos de la Asamblea Legislativa, donde se prevé presentar el informe y el decreto correspondientes para solicitar la ampliación del estado de excepción.
Según explicó el vocero presidencial, el Legislativo tendrá 72 horas para tratar la solicitud. Si no la incluye en agenda ni la debate dentro de ese plazo, la medida seguiría vigente. En cambio, si la Asamblea la analiza y la rechaza, el estado de excepción concluiría.
Gálvez descartó que el Gobierno busque extender la medida al margen del Legislativo y aseguró que el Ejecutivo se sujetará a las normas y las leyes.
La eventual ampliación también se vincula con el debate sobre una reforma constitucional. El vocero indicó que mientras el estado de excepción siga vigente no podría iniciarse formalmente el tratamiento legislativo de una reforma, aunque sí podrían continuar los trabajos técnicos y políticos orientados a preparar una eventual propuesta.
De esta manera, el Gobierno apuesta por prolongar por 90 días la medida con el argumento de resguardar el trabajo, la libre circulación y la estabilidad, mientras la Asamblea deberá resolver si respalda o rechaza la solicitud.
