El Gobierno insistió en la necesidad de que la Asamblea Legislativa apruebe con rapidez el crédito de 1.900 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI), al considerar que esos recursos resultan urgentes para estabilizar la economía y, además, facilitar el acceso a otros financiamientos externos. No obstante, el tratamiento del proyecto avanza lentamente en medio de solicitudes de información adicional y observaciones sobre el destino de los fondos y las condiciones pactadas.
Durante la sesión de honor por los 216 años de la gesta libertaria de Cochabamba, el presidente Rodrigo Paz remarcó que la aprobación de la norma vinculada al FMI es clave porque, según dijo, abriría la puerta a recursos externos que oscilarían entre 5.000 y 7.000 millones de dólares para inversión en Bolivia.
Mientras el Ejecutivo busca acelerar el trámite, el proyecto continúa en análisis dentro de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas. Su presidente, Raúl Párraga, confirmó que el crédito será debatido este miércoles a las 10:00, con la presencia del ministro de Economía, Christian Morales.
El acuerdo entre Bolivia y el FMI fue oficializado el 29 de julio. Posteriormente, a fines de agosto, el Ejecutivo remitió a la Asamblea el proyecto de ley que respalda el financiamiento. Sin embargo, desde el Legislativo surgieron cuestionamientos porque, inicialmente, los anexos no habrían llegado a la Comisión de Planificación junto con la documentación principal.
El diputado de la alianza Libre, José Luis Porcel, señaló que el proyecto que recibió al principio tenía apenas siete páginas y que eso generó dudas sobre si la información estaba completa. Indicó que, aunque luego se hicieron llegar algunos anexos, todavía persiste la incertidumbre sobre si falta otro documento y, sobre todo, sobre el detalle del uso de los recursos.
Tras esos reclamos, el 10 de septiembre el Ministerio de Economía hizo públicos los principales contenidos del acuerdo y difundió el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras. Ese mismo día, el ministro Morales participó en una mesa técnica de la Comisión de Planificación para exponer los alcances del convenio.
Pese a esa explicación, la diputada Sandra Rivero, del PDC, afirmó que la intervención del ministro no despejó las dudas de los legisladores y cuestionó que los anexos hayan sido enviados de manera posterior.
Rivero identificó tres aspectos que, a su juicio, requieren mayor claridad. El primero está relacionado con la eliminación de las subvenciones y con la capacidad del Estado para aplicar medidas de protección a las familias ante un posible incremento de precios. El segundo se refiere a la política salarial para 2027 y el tercero a las condiciones vinculadas con las tasas de interés de la banca privada.
La legisladora advirtió que el acuerdo, según su interpretación, deja abierta la posibilidad de que en 2027 no se produzca un incremento salarial, algo que considera preocupante en un escenario en el que podrían subir los precios, pero no los sueldos.
Entre las principales preocupaciones de ambos legisladores también figura la ausencia de un plan de contención que el Gobierno todavía no ha explicado ante la Asamblea para mitigar el impacto de la eliminación de la subvención a los hidrocarburos, prevista en el acuerdo con el FMI.
Las observaciones planteadas en el Legislativo coinciden en parte con las críticas del exministro de Economía Ramiro Cavero, quien cuestionó la cantidad y el alcance de la información entregada por el Gobierno a la Asamblea. Según explicó, este tipo de créditos con el FMI suelen estar acompañados por una carta de intenciones, anexos técnicos, documentos de política económica y proyecciones.
Cavero sostuvo que, tratándose de un préstamo que compromete al país, la información debería ser completa y transparente para su tratamiento parlamentario. A su criterio, no basta con entregar una parte de la documentación, sino la totalidad de los elementos que permitan evaluar con precisión el alcance del acuerdo.
