Diputados del oficialismo y de la oposición abrieron este lunes un debate anticipado en la Asamblea Legislativa sobre la pertinencia del informe que el Órgano Ejecutivo debe presentar antes de una eventual ampliación del estado de excepción. La discusión giró en torno a si corresponde o no que el Gobierno rinda cuentas previamente sobre el primer periodo de esta medida, que está vigente desde el 20 de junio y concluirá el 18 de septiembre.
El presidente de la comisión de Constitución, Juan del Granado, sostuvo que la norma establece de manera previa la obligación de presentar un informe sobre el tiempo transcurrido bajo el estado de excepción, el cual debe ser sometido a consideración de la Asamblea. A su juicio, no puede hablarse de una ampliación sin que antes exista una evaluación de las razones que la justificarían. “Previamente tiene que prestar un informe, ese informe tiene que ser objeto de aprobación en la Asamblea Legislativa, vamos a estar pendientes de ese informe, no puede ampliarse el estado de excepción si no es a partir de un informe del tiempo transcurrido bajo el estado de excepción, para ver si hay razones fundamentadas que ameriten su ampliación”, advirtió el legislador.
En la vereda contraria, el diputado Alejandro Reyes, de Unidad y ahora afín al Gobierno, consideró que no solo debe aprobarse el decreto del Ejecutivo, sino también avanzar en otras medidas legales para contener los conflictos, entre ellas la ley antibloqueos. Recordó además que la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que restituye los derechos de militares y policías que actuaron en 2019, y afirmó que eso también contribuye a que ambas instituciones se sientan respaldadas. “No podemos permitir que se afecte de esa forma la economía nacional y al bolsillo de la gente, por eso creo que está más que justificado el pedido de ampliación del estado de excepción”, señaló.
Desde la bancada de Libre, el diputado Santiago Ticona insistió en que antes de cualquier ampliación debe existir una rendición de cuentas sobre el primer estado de excepción. Recalcó que no se puede aprobar una nueva fase sin conocer qué acciones se tomaron durante estos 90 días para atender los problemas que llevaron al país a esta situación. “En estos 90 días qué acciones se han tomado para resolver los principales problemas que han generado que Bolivia ingrese a un estado de excepción, y bueno, después de recibir el informe se pondrá en consideración y vamos a ver si la mayoría de los parlamentarios están de acuerdo o no están de acuerdo con los informes”, explicó.
En paralelo, también comenzó a instalarse el debate sobre una eventual paralización del proceso de reforma constitucional. Del Granado interpretó que el artículo 140 de la Constitución es claro y que no podría iniciarse mientras sigan vigentes las restricciones. Reyes, en cambio, afirmó que no se activará ningún proceso formal y que, por ahora, solo habrá debates previos o socialización de los cambios propuestos, de modo que cuando la Asamblea trate esas reformas ya habrá concluido el estado de excepción.
