Estados Unidos volvió a incluir a Bolivia en el grupo de países que, a su juicio, “fallaron demostrablemente” en realizar esfuerzos sustanciales para cumplir con sus compromisos internacionales en la lucha contra el narcotráfico. La evaluación abarca los últimos 12 meses, un período que comprende el cierre del gobierno de Luis Arce y los primeros meses de la administración de Rodrigo Paz.
El informe, sin embargo, introduce una distinción entre ambas gestiones. Al referirse al país, Washington sostiene que el nuevo Gobierno “no ha tenido todavía suficiente tiempo” para reducir los cultivos de coca, los cuales —según su valoración— aumentaron durante la administración anterior. En esa misma línea, advierte que la corrupción sigue facilitando el narcotráfico y complicando las investigaciones, una apreciación atribuida al Gobierno estadounidense.
Ese diagnóstico coincide en el tiempo con los datos más recientes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). El monitoreo correspondiente a 2025 estableció que Bolivia llegó a 36.400 hectáreas de coca, frente a las 34.000 registradas en 2024, lo que representa un incremento del 7%. La mayor parte de ese período todavía transcurrió bajo la administración de Arce.
El aumento se concentró sobre todo en el Trópico de Cochabamba, donde los cultivos pasaron de 14.275 a 17.471 hectáreas, un crecimiento del 22%. En cambio, Los Yungas de La Paz registraron una reducción del 4%, al pasar de 19.230 a 18.430 hectáreas. En el conjunto del país, la superficie excede en 14.400 hectáreas las 22.000 autorizadas por la Ley 906.
Pese a la calificación negativa, el documento estadounidense también reconoce cambios con el gobierno de Paz. Washington afirma que la cooperación bilateral contra el narcotráfico “se ha ampliado significativamente” y destaca la reanudación de la coordinación entre organismos de ambos países para enfrentar la producción ilícita y las redes criminales.
La evaluación incluye además la extradición de Sebastián Marset a Estados Unidos en marzo de 2026 como una señal de esa cooperación.
Aun así, Washington deja abierta la posibilidad de revisar la situación de Bolivia el próximo año si el país demuestra avances en la reducción de la producción ilícita de drogas y en el combate a la corrupción.
La decisión, además, no implica un corte automático de la asistencia estadounidense. La misma determinación establece que mantener ayuda para Bolivia es actualmente “vital para los intereses nacionales de Estados Unidos”, por lo que se aplica una excepción pese a conservar la calificación negativa.
