El encarecimiento del diésel, que pasó de Bs 9,80 a Bs 17,95 por litro tras el retiro de la subvención estatal, comenzó a generar un efecto inmediato en el transporte público y en los servicios interdepartamentales e interprovinciales que operan desde Tarija. Mientras unos sectores optaron por suspender sus actividades a la espera de una definición sobre nuevas tarifas, otros decidieron reajustar sus precios y continuar trabajando.
En la ciudad, los transportistas anunciaron que este lunes no prestarán servicio como medida de protesta por el aumento del combustible. La decisión abrió además la posibilidad de que algunos choferes impulsen un pasaje de Bs 5 por persona, una cifra que ya circula entre conductores y que refleja la tensión instalada en el sector.
La situación provocó una respuesta distinta en la Terminal de Buses de Tarija, donde se informó la actualización y nivelación de los pasajes hacia distintos destinos del país. Según el reporte difundido por Radio Libertad, el impacto del alza del diésel y de los costos operativos derivó en incrementos que alcanzan hasta el 50%. El nuevo tarifario ya rige para rutas nacionales e interprovinciales, con precios como Tarija-La Paz en Bs 360, Tarija-Santa Cruz en Bs 350, Tarija-Cochabamba en Bs 350, Tarija-Oruro en Bs 260, Tarija-Potosí en Bs 250 y Tarija-Sucre en Bs 250. En las rutas provinciales y fronterizas, Tarija-Villazón y Tarija-Tupiza quedaron en Bs 160, Tarija-Yacuiba en Bs 100 y Tarija-Bermejo en Bs 70.
La medida fue justificada por los propios transportistas. Uno de los conductores que cubre la ruta a Potosí explicó a Play Noticias que antes necesitaba Bs 3.200 para llenar el tanque y completar el viaje, pero ahora requiere Bs 6.400. Con ese argumento, sostuvo que el incremento en los pasajes responde al nuevo costo operativo que deben afrontar. “Estamos de acuerdo con que se nivele el precio del diésel al costo internacional, pero debió hacerse gradualmente, no así. Esto es un golpe fuerte a nuestra economía”, lamentó.
En medio de este escenario, la Alcaldía de Cercado convocó a los choferes a una reunión para buscar alternativas que permitan encarar el problema sin dejar sin servicio a la población. El alcalde Johnny Torres Terzo confirmó un encuentro de emergencia con el transporte para este lunes 21 de septiembre y aclaró que la cita no tiene como finalidad fijar nuevas tarifas, sino definir medidas, entre ellas un nuevo estudio tarifario, para proteger a sectores vulnerables como adultos mayores, escolares y personas con bajos salarios, que serían los más afectados por el llamado “dieselazo”.
Torres también planteó que el país debería analizar medidas de alcance social frente a las consecuencias del retiro de la subvención al diésel. Entre sus propuestas mencionó la creación de un fondo social de emergencia para personas de escasos recursos, además de la generación de empleos para mano de obra no calificada. A ello sumó la posibilidad de impulsar un bono de transporte que alivie el impacto económico en estudiantes, personas con discapacidad, adultos mayores y habitantes del área rural. “Se tienen que tomar medidas sociales para parar la presión económica que se viene. Nosotros, como municipio, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar”, aseguró.
Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo inició verificaciones en terminales de buses de todo el país para constatar el incremento de los pasajes luego del retiro de la subvención al diésel. En paralelo, sus delegados se reunieron con personal de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), instancia que recibe denuncias de usuarios y ya notificó a empresas por presuntos incumplimientos de los montos establecidos.
