La posible eliminación de la subvención al Gas Licuado de Petróleo (GLP) ha encendido las alertas entre las familias que aún dependen de la garrafa para cocinar, especialmente en Tarija, donde vecinos y dirigentes advierten que un eventual incremento podría golpear con fuerza tanto a los hogares sin gas domiciliario como a los pequeños negocios que usan este combustible para preparar alimentos.
Aunque el Gobierno no ha confirmado que vaya a retirar el subsidio al GLP, el Decreto Supremo N° 5667, promulgado en julio de este año, mantiene vigente hasta diciembre el precio actual de Bs 22,50. A partir de ese periodo, el valor podría modificarse de manera considerable. El experto en hidrocarburos Álvaro Ríos estimó que la garrafa podría subir hasta un rango de Bs 130 a Bs 140, una proyección elaborada a partir de variables como el precio internacional del petróleo, el tipo de cambio y los costos de importación. Se trata, sin embargo, de un cálculo técnico y no de una tarifa oficial.
La sola posibilidad de un ajuste de esa magnitud ha generado preocupación en Tarija, donde varios vecinos temen que el impacto se sienta de inmediato en los hogares que no cuentan con conexión de gas domiciliario. También existe inquietud en pequeños emprendimientos que dependen del GLP para sostener su actividad diaria, desde puestos de comida rápida hasta negocios que elaboran almuerzos y otros alimentos preparados.
El dirigente vecinal Rodrigo Castillo advirtió que un aumento del combustible se sumaría a la presión que ya ejerce el encarecimiento de la canasta alimentaria. En su criterio, un precio por encima de Bs 100 sería difícil de asumir para las familias, sobre todo para aquellas que hoy pagan entre Bs 22,50 y Bs 24 por cada garrafa.
La discusión se da en medio de las medidas que el Gobierno impulsa dentro del acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que contempla cambios en el esquema de subvención a los combustibles. Pese a ello, hasta ahora no existe una definición oficial sobre cuánto costaría una garrafa si se modifica el subsidio. El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, evitó dar una cifra y sostuvo que hacerlo sería especular mientras no se conozcan las condiciones definitivas.
Castillo también puso el foco en el efecto que un eventual incremento tendría sobre los pequeños negocios. Señaló que muchos de ellos utilizan GLP como parte de sus costos operativos y que cualquier alza terminaría repercutiendo en el precio final de los productos. Como ejemplo, mencionó que actualmente un almuerzo puede costar alrededor de Bs 15, pero advirtió que, ante nuevas subidas de costos, ese valor podría llegar a Bs 30 o Bs 40. Aclaró que se trata de una proyección, aunque insistió en que el escenario preocupa a las familias de menores ingresos.
“Las familias ya no saben de qué van a hacerse”, afirmó el dirigente, al remarcar que el impacto no recaería solo en quienes compran una garrafa, sino también en quienes dependen indirectamente del GLP para producir o vender alimentos. En ese marco, pidió que cualquier modificación al esquema de subvención venga acompañada de controles que eviten incrementos injustificados.
También planteó la necesidad de activar mecanismos de defensa del consumidor y exigir hojas de costos a los sectores que eleven sus precios. A su vez, solicitó controles sobre productos de la canasta alimentaria, entre ellos el pollo, ante el riesgo de que el alza en combustibles y transporte genere un efecto en cadena sobre otros bienes de consumo.
El dirigente cuestionó además la falta de controles que, según dijo, acompañan las medidas anunciadas por el Ejecutivo. Como ejemplo mencionó la eliminación de la subvención al diésel y el incremento de algunas tarifas del transporte público, situaciones que, a su juicio, están generando tensiones entre transportistas y usuarios. “Nosotros como población nos sentimos en un estado desprotegidos porque no hay una institución, en este caso Viceministerio de Defensa del Consumidor”, sostuvo, al reclamar mayor presencia de las autoridades para verificar precios y evitar abusos.
Frente a este panorama, las organizaciones vecinales anunciaron que realizarán trabajo de campo en los centros de abasto de Tarija para seguir de cerca el comportamiento de los precios y detectar posibles incrementos injustificados. Castillo insistió en que el seguimiento también abarcará productos que puedan encarecerse por el costo de los combustibles y el transporte, y pidió que las nuevas dispos
