La Fiscalía de Santa Cruz admitió que, a dos meses de haberse descubierto el intento de traslado de 189,5 kilos de oro por el aeropuerto de Viru Viru, todavía no logró establecer el origen del mineral decomisado. El dato fue incluido en el Informe Escrito que la Fiscalía General remitió a la Cámara de Senadores, donde además se confirma que, por ahora, solo existe una persona investigada en el caso.
Según la respuesta enviada a la petición de informe escrito presentada por la senadora Betty Canaviri Villanueva, de Libre, la documentación de exportación vinculada al cargamento fue observada por presunta falsificación y además no pudo ser leída en el sistema. Esa situación, de acuerdo con el informe, impide determinar con certeza el origen geográfico o minero del oro. Pese a ello, la documentación revisada registra como exportadora a la empresa Emporio Dorado SRL, con domicilio en La Paz.
El caso salió a la luz hace dos meses, cuando una revisión casual permitió detectar el intento de sacar el cargamento en un vuelo chárter con destino a Dubái. Desde entonces, la investigación quedó bajo la conducción del fiscal Gomer Padilla Osinaga, autor de las respuestas remitidas a la legisladora opositora.
Canaviri solicitó información detallada sobre el avance del proceso, las personas aprehendidas o investigadas, el origen del oro, la documentación respaldatoria, el peso real del cargamento, una eventual ampliación de la investigación y la participación de autoridades de gobierno como querellantes. Sin embargo, la Fiscalía respondió que el caso se encuentra en reserva, por lo que no puede entregar información adicional ni permitir el seguimiento que pretendía ejercer la senadora.
En una de las respuestas, la Fiscalía precisó que la investigación permitió identificar e individualizar al imputado Adrián Lema Roca como sujeto investigado. También indicó que, hasta el momento, no se realizó ninguna ampliación investigativa contra otra persona natural o jurídica.
La consulta sobre la participación de instituciones como Aduanas, la AJAM, Comibol o Senarecom también fue respondida por la Fiscalía. Según el informe, esas entidades se apersonaron al proceso, pero no figuran como querellantes.