El Gobierno aceleró ayer el diálogo con el sector del transporte en medio de la tensión generada por la eliminación de la subvención al diésel. La jornada estuvo marcada por reuniones en La Paz con la Confederación Nacional del Transporte Libre, por la apertura de mesas técnicas y por la gestión paralela del Ejecutivo para evitar la paralización de la distribución de combustibles por parte de los cisterneros.
La cita con el Transporte Libre se extendió por cerca de tres horas y reunió a los ministros de Obras Públicas, Mauricio Zamora; de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y de Trabajo, Williams Bascopé. Durante el encuentro, los dirigentes expusieron demandas de carácter regional. Aunque la reunión concluyó sin acuerdos concretos, las partes dejaron abierta la agenda de trabajo. “A nosotros nos gusta ser operativos, les propongo un cuarto intermedio, armar las mesas de trabajo ya no más”, planteó Zamora al término del encuentro.
El cronograma de diálogo continuará hoy a las 09:00 en Cochabamba, donde la ATT y representantes del sector revisarán las tarifas interdepartamentales. Además, quedaron programadas reuniones con la ABC y Vías Bolivia. Bascopé informó que la próxima semana se instalarán mesas vinculadas con hidrocarburos y economía, mientras que el Gobierno también prevé atender reclamos relacionados con la inseguridad.
Según el ministro de Trabajo, varios de los representantes presentaron propuestas, entre ellas apoyo para la conversión de vehículos a gas y la compra de autos eléctricos. Bascopé sostuvo además que el Estado destinaba más de Bs 50 millones por semana a la subvención de carburantes.
Pese a esos avances, otros sectores mantienen su presión. La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia convocó para las 10:30 de hoy en Santa Cruz a un ampliado nacional en el que definirá medidas frente al DS 5716, norma que eliminó toda subvención para el diésel. Su ejecutivo, Lucio Gómez, exige la anulación del decreto y adelantó que podrían asumirse movilizaciones y reajustes tarifarios debido al incremento de los costos de operación.
A esta tensión se suma la posición del transporte pesado nacional e internacional. Parte de sus operadores decidió mantener sus camiones detenidos porque considera que, con el diésel a Bs 17,95 por litro, las tarifas actuales ya no cubren sus costos. También persisten advertencias de protesta de transportistas de los valles cruceños y de organizaciones campesinas y cocaleras afines al evismo.
La medida también provocó reacciones en el ámbito político. La diputada del PDC Claudia Bilbao respaldó la eliminación de la subvención y afirmó que “no podemos retroceder”, aunque pidió medidas paliativas para los sectores más vulnerables. Desde Unidad, Julieta Jiménez consideró necesaria la decisión, pero demandó controles para evitar la especulación. En tanto, el gobernador cruceño Juan Pablo Velasco propuso suspender por 90 días el cobro de los tributos del IVA y el IT para importadores y comercializadores de diésel, con la expectativa de reducir en unos Bs 2,50 por litro el precio final para el consumidor.
Mientras avanzaban las negociaciones con sectores regionales, el Gobierno también reforzó el despliegue de policías y militares en las carreteras ante las amenazas de bloqueo. En La Paz se movilizaron cerca de 800 efectivos y además se enviaron contingentes a la ruta Cochabamba-Oruro.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, recordó que el estado de excepción permite protestas pacíficas, pero no el cierre de vías. “Si es necesario el uso de la Policía y de los militares, lo haremos”, advirtió frente a las amenazas de sectores que llegaron desde el trópico de Cochabamba, un punto estratégico en la ruta que conecta al occidente con zonas productivas del oriente. La referencia no es menor: entre mayo y junio se registró una crisis con bloqueos que provocaron millonarias pérdidas.
En paralelo, surgió una propuesta legislativa para amortiguar el impacto que podrían tener eventuales alzas en el transporte público. El diputado del PDC Manolo Rojas anunció que trabaja en un proyecto de ley para crear un subsidio directo al pasaje destinado a estudiantes de colegio y universidad, adultos mayores y mujeres embarazadas. La iniciativa apunta a responder a posibles incrementos de tarifas derivados de la eliminación de la subvención al diésel.
Rojas explicó que la propuesta contempla una tarjeta digital y aport
