Los países que integran el Escudo de las Américas ratificaron, mediante una declaración conjunta, su voluntad de avanzar de forma coordinada en materia de seguridad, economía y cooperación multilateral, en un contexto en el que también identifican a varias organizaciones criminales vinculadas al narcoterrorismo como una amenaza común para la región.
El documento, suscrito por los Gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago, parte de la idea de que esta iniciativa busca fortalecer la resiliencia del Hemisferio Occidental a través de tres pilares: el económico, el de seguridad y la coordinación multilateral.
En ese marco, los Estados participantes expresan su intención de defender sus economías mediante una mayor cooperación económica, el análisis de mecanismos de control de inversiones, la protección de las cadenas de suministro de minerales críticos a través de un abastecimiento diversificado y confiable, y la promoción de normas sobre proveedores de confianza para la infraestructura digital, siempre bajo criterios no discriminatorios.
La declaración subraya además que el desarrollo económico debe ir acompañado de una seguridad duradera y de condiciones que generen empleos estables y oportunidades tangibles para la población. Según el texto, ese equilibrio es parte central del enfoque que los países miembros pretenden impulsar de manera conjunta.
Otro de los ejes del compromiso apunta a la defensa de la gobernanza democrática frente a las redes armadas de narcoterroristas. Para ello, el documento menciona la coordinación en sanciones, designaciones y medidas financieras contra terroristas y delincuentes, así como la ampliación de las fuerzas de seguridad civiles y la prestación de asistencia humanitaria y de comunicación para defender la voluntad popular.
La declaración también establece que, para impulsar estos tres pilares, los países participantes buscarán reforzar la cooperación mediante un mayor intercambio de información de inteligencia, facilitar el acceso a tecnologías y capacidades de seguridad cuando corresponda, promover la formación y el desarrollo profesional de los recursos humanos y ampliar el intercambio de prácticas óptimas.
En paralelo, los Estados participantes señalan su intención de profundizar la cooperación en materia de inversión y asuntos económicos, además de reforzar la consulta y la coordinación de posiciones comunes sobre temas de interés compartido en foros regionales y multilaterales.
Uno de los apartados más contundentes del texto se refiere al crecimiento de organizaciones narcoterroristas en la región, al que califica como “una amenaza inmediata y universalmente compartida” porque, según la declaración, pone en peligro la paz, la seguridad, la prosperidad y la seguridad de los ciudadanos del hemisferio.
Frente a ese escenario, los países firmantes expresan su intención de aplicar congelación de activos, restricciones de inmigración y de visados para miembros, asociados y simpatizantes de esas organizaciones, además de establecer responsabilidad penal para quienes, a sabiendas, presten apoyo material, incluido el apoyo logístico. La primera acción conjunta se centrará en 24 organizaciones, independientemente del nombre que reciban en cada país.
Entre los grupos mencionados figuran Mara Salvatrucha (MS-13), Tren de Aragua, Carteles Unidos, Cartel del Golfo, La Nueva Familia Michoacana, Cartel del Noreste, Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cartel de Sinaloa, Gran Grif, Viv Ansanm, Los Lobos, Los Choneros, Barrio 18, Cartel de Los Soles, Clan del Golfo, Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho, Chone Killers, Los Viagras, Cartel de Juárez (La Línea), grupos disidentes de las FARC, entre ellos FARC-Estado Mayor Central y FARC-Segunda Marquetalia, además de grupos con apodos, afiliados y sucesores, ELN, Sendero Luminoso y Los Tiguerones.
