Seis de las nueve gobernaciones del país se declararon en estado de alerta y fijaron el 31 de octubre como plazo para que el Gobierno nacional atienda un conjunto de demandas financieras y administrativas. La decisión fue asumida en Santa Cruz, donde el gobernador Juan Pablo “JP” Velasco anunció que la agenda conocida como 50/50 dejó de ser una demanda aislada para convertirse en una posición مشترna de varias regiones frente al Ejecutivo.
La determinación se tomó durante una reunión realizada en la Casa de Gobierno de Santa Cruz, en el marco del aniversario cívico departamental. Allí participaron de manera presencial los gobernadores de Santa Cruz, La Paz, Tarija, Chuquisaca, Oruro y Cochabamba, quienes coincidieron en que la situación económica de las administraciones departamentales exige respuestas de fondo y no solo medidas parciales.
Velasco sintetizó el planteamiento central con una frase: “Nuestra causa principal es el 50-50”. Con esa referencia, las gobernaciones demandan que desde el Presupuesto General del Estado 2027 se incorpore la coparticipación tributaria departamental, sin que ello implique recortes a los ingresos de municipios ni universidades públicas. Además, piden la reprogramación de sus deudas, la recuperación de recursos del IDH y avances concretos hacia la autonomía económica regional.
A esas exigencias se suma la presión que, según las autoridades departamentales, generó el incremento del precio del diésel tras la eliminación de la subvención. Las gobernaciones advierten que sus presupuestos fueron elaborados con costos menores y que ahora enfrentan gastos adicionales para sostener caminos, servicios de salud y maquinaria. En ese contexto, solicitaron transferencias extraordinarias del TGN, modificaciones presupuestarias y garantías para la provisión de combustible.
Durante la reunión, la gobernadora de Tarija, María René Soruco, puso en cifras el deterioro de los ingresos departamentales. Explicó que en los mejores años de los hidrocarburos la Gobernación llegó a administrar Bs 164 millones mensuales, mientras que actualmente maneja alrededor de Bs 23 millones. A su juicio, la liberación de algunas obligaciones representa apenas un primer paso, pero la prioridad real es alcanzar una coparticipación tributaria que permita contar con recursos sostenibles para cumplir las competencias constitucionales.
En la misma línea, el gobernador de Oruro, Édgar Sánchez, sostuvo que la eliminación de la subvención debe ir acompañada de medidas complementarias. Advirtió que el impacto no se limitará a las gobernaciones y municipios, sino que también alcanzará a los sectores productivos y a la población en general. Sánchez alertó además sobre el riesgo de que la situación derive en una mayor conflictividad y señaló que en Oruro ya existen movilizaciones. A su criterio, una escalada podría abrir un periodo prolongado de inestabilidad económica y política.
Por esa razón, pidió al Gobierno acciones “concretas, materializables y visibles” para evitar que crezca la tensión social. Tanto él como las demás autoridades presentes coincidieron en que las gobernaciones requieren una solución estructural y no respuestas aisladas. En ese marco, insistieron en compensaciones por el mayor costo del diésel, la reprogramación de deudas, la devolución de recursos y una nueva distribución de los ingresos tributarios.
El documento leído por Velasco fija el 31 de octubre como la fecha límite para que el Gobierno de Paz Pereira atienda los planteamientos. Mientras tanto, las mesas técnicas entre las gobernaciones continuarán con la expectativa de que el 50/50 sea incorporado al presupuesto de 2027 de manera impostergable.
