El Gobierno boliviano volvió a mover el proceso de digitalización del comercio exterior con la ampliación del plazo para incorporar trámites a la Ventanilla Única de Comercio Exterior de Bolivia (VUCE), una plataforma creada en 2024 para centralizar autorizaciones, certificaciones, permisos, licencias y otros procedimientos que hoy se gestionan ante distintas instituciones públicas.
La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo 5724, promulgado el 24 de septiembre de 2026, que modifica el DS 5211 de 2024 y extiende por 24 meses adicionales el periodo previsto para implementar los trámites dentro de esta herramienta electrónica. Con ello, el Ejecutivo busca dar continuidad al proceso de integración progresiva de los procedimientos vinculados con operaciones de importación y exportación.
La VUCE no es una nueva plataforma. Se trata del mismo sistema creado el año pasado, pero ahora con reglas ajustadas para seguir avanzando en su implementación. La intención oficial es que importadores, exportadores y otros operadores puedan realizar en un entorno integrado los trámites que hoy dependen de diferentes entidades del Estado, reduciendo la dispersión de gestiones.
El nuevo decreto no dispone que todos los procedimientos migren de manera simultánea a la plataforma. Por el contrario, establece que la incorporación será gradual y sostenida, de acuerdo con un cronograma definido por la entidad encargada de administrar la VUCE. Eso significa que, mientras avanza el proceso, podrán coexistir trámites ya integrados con otros que todavía no hayan sido incorporados.
En ese contexto, quienes realicen operaciones de comercio exterior deberán verificar previamente si el trámite específico que necesitan ya fue habilitado en la ventanilla única. El decreto no ordena una migración inmediata de todos los procedimientos, sino una incorporación escalonada conforme a la planificación oficial.
El alcance de la medida incluye autorizaciones previas, certificaciones, permisos, licencias, declaraciones juradas y otros requisitos relacionados con el comercio exterior. Las entidades públicas que aún tengan procedimientos pendientes deberán informar cuáles son esos trámites y remitir la normativa correspondiente. Con esa información se elaborará un Programa de Implementación Gradual coordinada.
El DS 5724 también amplía el alcance de la VUCE al establecer que la plataforma no solo integrará trámites, sino también servicios e información vinculados con las operaciones de comercio exterior. La implementación de estos componentes dependerá de la reglamentación que emita la entidad administradora, con lo que el objetivo ya no se limita a digitalizar formularios, sino a avanzar hacia un sistema más amplio de interacción entre instituciones.
Otro punto relevante es que las entidades podrán mantener sus propios sistemas, pero deberán realizar los ajustes necesarios para que puedan interoperar. En términos prácticos, esto significa que los sistemas informáticos deberán comunicarse e intercambiar información entre sí. El decreto obliga a las instituciones vinculadas al comercio exterior a adecuar su normativa y sus plataformas para permitir ese intercambio y, además, establece que no será necesario suscribir convenios específicos entre entidades cuando esa interoperabilidad responda al cumplimiento de la norma.
Para los importadores y exportadores, el cambio apunta a simplificar la relación con el Estado. En lugar de acudir por separado a varias instituciones para una misma operación, la meta es que los procedimientos puedan gestionarse de forma integrada y que la información circule entre las entidades involucradas según corresponda a cada trámite.
Las instituciones que todavía no hayan incorporado sus procedimientos a la VUCE tienen además una obligación inmediata. Deberán remitir a la entidad administradora, en un plazo de 10 días hábiles desde la publicación del decreto, el listado de trámites pendientes, incluyendo autorizaciones, certificaciones, permisos, licencias, declaraciones juradas, requisitos y procedimientos, junto con la normativa relacionada. Con ese inventario se definirá el programa gradual de incorporación.
La Aduana Nacional también recibió una tarea concreta. Tendrá 20 días hábiles, contados desde la publicación del decreto, para emitir la reglamentación administrativa específica y modificar el cronograma de implementación gradual de la VUCE. Ese cronograma será clave para identificar qué trámites se incorporarán y en qué momento, dentro del nuevo plazo ampliado por el Gobierno.
