La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) y autoridades del Gobierno nacional abrieron un nuevo periodo de trabajo para definir mecanismos que permitan a los municipios enfrentar el impacto financiero generado por el incremento del precio del diésel. El acuerdo establece un plazo de 15 días calendario para que el Ejecutivo presente alternativas orientadas a reducir los efectos del mayor costo del combustible sobre las administraciones locales.
La definición surgió en una reunión realizada el miércoles en Porongo, Santa Cruz, donde participaron autoridades del área económica y representantes del sistema municipal. El encuentro dio continuidad a la agenda planteada en agosto, cuando los gobiernos municipales expusieron al presidente Rodrigo Paz una serie de demandas vinculadas con la distribución de recursos, las competencias autonómicas y la situación derivada del nuevo esquema de precios de los combustibles.
Tras la reunión, se informó que uno de los temas centrales fue la necesidad de establecer mecanismos que permitan compensar o atender el impacto que representa el diésel para las finanzas municipales. En ese marco, el Ministerio de Economía anunció que realizará una evaluación técnica destinada a gestionar recursos adicionales frente a este escenario.
La preocupación municipal se intensificó después de que el Gobierno eliminara la subvención al diésel y estableciera un esquema vinculado al costo internacional. Posteriormente, el Ejecutivo anunció un paquete de medidas sociales y productivas para amortiguar los efectos del ajuste, mientras los municipios comenzaron a advertir sobre las dificultades que implica asumir un combustible más costoso para servicios, maquinaria y operaciones cotidianas.
Este tema ya había sido planteado por los alcaldes en la reunión de agosto con el presidente. En esa ocasión, el sector municipal incluyó el precio del diésel dentro de su agenda, junto con la propuesta de distribución 50/50 y la restitución de recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Los gobiernos locales también cuestionaron el régimen que fijaba un precio de Bs 18 por litro para los grandes consumidores.
En el encuentro más reciente, además del combustible, se retomó el tratamiento de los recursos del IDH. El Gobierno y la representación municipal acordaron continuar una mesa técnica para revisar la devolución del 12% retenido desde 2016. En agosto se había establecido que ese porcentaje vuelva a formar parte de los presupuestos municipales a partir del Presupuesto General del Estado (PGE) 2027, aunque ahora se prevé una revisión técnica del mecanismo.
Otro de los puntos abordados fue el de las obligaciones financieras de los gobiernos municipales. La reunión permitió avanzar en la reprogramación y diferimiento de deudas con acreedores públicos, con el objetivo de dar un margen adicional a las entidades locales para ordenar sus finanzas.
La agenda 50/50 también seguirá en mesas de trabajo. La propuesta busca modificar la relación entre responsabilidades, competencias y recursos que actualmente existe entre el nivel central y las entidades territoriales autónomas. En agosto, el Gobierno y los municipios ya habían acordado desarrollar una agenda técnica para avanzar en este planteamiento y evaluar progresivamente sus resultados.
Con el nuevo plazo de 15 días, el precio del diésel vuelve a colocarse en el centro de las negociaciones entre el Ejecutivo y los gobiernos municipales. La expectativa es que en ese periodo se conozcan medidas concretas para disminuir la presión que el costo del combustible ejerce sobre los presupuestos locales.
El proceso avanza mientras distintas organizaciones económicas y sociales analizan los efectos del nuevo precio del combustible sobre el transporte, la producción y los servicios. En ese contexto, los municipios buscan que el impacto sobre sus cuentas sea considerado dentro de las medidas que adopte el Gobierno nacional.
