El incremento del precio del diésel de Bs 9,80 a Bs 17,95 por litro no es, a juicio del experto en hidrocarburos Jaime Balanza, el único elemento que debe generar preocupación. Su principal observación se centra en el mecanismo definido por el Decreto Supremo N.º 5716 para fijar el valor del combustible y en la posibilidad de que, a partir de esa fórmula, se produzcan nuevos reajustes en el futuro.
Balanza sostiene que la norma no se limita a establecer un precio de referencia, sino que lo vincula a una serie de variables internacionales y locales. Entre ellas menciona la cotización del ULSD Colonial 62, un combustible estadounidense de ultra bajo contenido de azufre, además del tipo de cambio, los costos de transporte y almacenamiento, los gastos financieros, los tributos, los premios exigidos por proveedores y otros componentes logísticos que terminan influyendo en el cálculo final.
Desde su análisis, uno de los puntos más delicados es la inclusión del tipo de cambio dentro de la estructura de precios. Según explica, la necesidad de contar con dólares para importar cada nuevo lote de combustible podría elevar la demanda de divisas y ejercer presión sobre el mercado cambiario. A su criterio, ese movimiento tendría efectos encadenados sobre la economía: una mayor demanda de dólares empujaría al alza el tipo de cambio, la depreciación del boliviano encarecería las importaciones de combustibles y otros productos, y ese incremento se trasladaría luego al transporte y, finalmente, a los precios de bienes de consumo.
En ese marco, el experto advierte que una eventual baja en las cotizaciones internacionales del petróleo o del diésel no necesariamente se reflejaría de forma automática en el mercado interno. De acuerdo con su interpretación, una reducción externa podría quedar compensada por una depreciación del boliviano o por el aumento de otros componentes incluidos en la fórmula, lo que limitaría cualquier alivio para el consumidor.
Otro aspecto que Balanza cuestiona es el mecanismo de reajuste previsto en la norma. Señala que el precio puede modificarse cuando la variación acumulada de los componentes establecidos alcance el 5%, tanto al alza como a la baja. En su criterio, esto abre la posibilidad de nuevos ajustes conforme cambien las variables consideradas, sin que cada modificación requiera una revisión integral de la estructura del precio.
El especialista también pone el foco en los costos que podrían incorporarse al cálculo final. Advierte que, si existen sobreprecios, contrataciones poco eficientes o mayores gastos en la cadena de adquisición y distribución, esos elementos podrían terminar trasladándose al valor que paga el consumidor.
A ello suma una crítica sobre la continuidad de las compras a las empresas Vitol y Trafigura, a las que vincula con cuestionamientos surgidos en torno a la calidad y las condiciones de determinadas operaciones de importación. En ese punto, plantea la necesidad de esclarecer los contratos, las especificaciones del combustible adquirido y las responsabilidades que correspondan.
Balanza considera además que existe una diferencia importante entre las características del combustible tomado como referencia para la fórmula y las condiciones del diésel que finalmente ingresa al mercado boliviano. Por esa razón, sostiene que debe existir correspondencia entre el producto utilizado como base de cálculo y el combustible efectivamente adquirido por el país.
El impacto, según su planteamiento, no se limitaría al precio directo del diésel. Al tratarse de un insumo clave para el transporte de carga y pasajeros y para distintos sectores productivos, cualquier incremento puede generar presiones sobre otros precios de la economía. En esa línea, advierte que el encarecimiento del transporte puede trasladarse de manera progresiva a productos de consumo masivo y afectar el poder adquisitivo de los hogares.
Con ese argumento, Balanza plantea la abrogación del Decreto Supremo N.º 5716 y cuestiona de manera específica el mecanismo de indexación incorporado en la determinación del precio. Su advertencia final apunta a que la discusión no debería quedarse únicamente en los Bs 17,95 fijados actualmente para el litro de diésel, sino extenderse a la forma en que se definirá su costo en adelante y a los efectos que podrían derivarse de las variables incluidas en la fórmula.
