La Federación Departamental de Trabajadores Gremiales de Tarija salió este jueves a pronunciarse sobre la situación económica que atraviesa el país y, en particular, sobre los efectos que podría tener el levantamiento de la subvención al diésel. Desde ese sector advirtieron que la medida impacta de forma directa e indirecta en su actividad y, al mismo tiempo, pidieron que no se autoricen incrementos excesivos en las tarifas del transporte público, al considerar que ello agravaría aún más la presión sobre la población.
La posición fue asumida luego de un ampliado de emergencia realizado este miércoles 23 de septiembre en la capital tarijeña, donde las bases elaboraron un voto resolutivo en el que expresan su preocupación por la coyuntura económica. Según el pronunciamiento, los gremiales se declararon en emergencia ante lo que consideran una serie de decisiones gubernamentales que afectan tanto a su sector como a la ciudadanía en general.
El documento aprobado en el ampliado contiene cinco determinaciones. Entre ellas, la primera plantea la reducción del 50 por ciento en los sueldos de los altos funcionarios del Gobierno. La segunda exige la eliminación de la renta vitalicia destinada a exmandatarios del país.
Otro de los puntos centrales es el rechazo a cualquier incremento en las tarifas del transporte público. El sector sostiene que una elevación tendría repercusiones directas en la economía de las familias y, en caso de que esos ajustes se concreten, propone impulsar el transporte libre como alternativa.
El voto resolutivo también pide que las autoridades de todos los niveles de gobierno convoquen al sector gremial a las mesas de diálogo donde se discuten las posibles medidas económicas. Para los dirigentes, la participación directa en esos espacios resulta necesaria, tomando en cuenta que los gremiales forman parte de los sectores más afectados por el aumento de los costos de transporte, abastecimiento y comercialización de productos.
Como quinto punto, la Federación expresó su rechazo al Decreto Supremo 5716, que dispone el levantamiento de la subvención al diésel para que entre en vigencia el precio internacional del carburante. A criterio del sector, esa disposición repercute en la economía de miles de familias que dependen diariamente de su trabajo.
Durante el ampliado también se abordó el alza en los precios de la canasta básica familiar. En ese marco, algunos de los participantes cuestionaron a quienes incurren en agio y especulación, así como a los mayoristas que acumulan grandes cantidades de mercadería. La dirigencia gremial remarcó que no acepta ser señalada como responsable de los incrementos y aseguró que también rechaza estas prácticas.
“A veces nos ven como los malos de la película. Piensan que estamos elevando los precios, pero nosotros también estamos en contra del agio y especulación de los mayoristas. Nosotros compramos y vendemos al raleo. Muchas veces somos atacados (…) Nosotros también queremos estar al lado de la población”, afirmó una dirigente al referirse al malestar que existe por el encarecimiento de productos básicos.
