Luego de casi 11 meses, el Gobierno definió mediante el Decreto Supremo 5727 el procedimiento para el cierre de empresas estatales, una medida que se activará a partir de un diagnóstico elaborado por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP).
La norma establece como prioridad la reorganización, disolución y/o liquidación de las empresas públicas del nivel central del Estado, además de fijar medidas generales para llevar adelante esos procesos. Así lo señala el artículo 1 del decreto, en el que se dispone también el marco bajo el cual deberán desarrollarse estas decisiones.
De acuerdo con el texto, la OFEP será la encargada de presentar los estudios correspondientes, que luego pasarán a evaluación del Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (Coseep). Este último tendrá un plazo de 15 días para remitir un informe en el que se determine si corresponde ordenar la reorganización, disolución o liquidación de las empresas estatales.
