Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, enfrenta una investigación penal por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas, en un caso que continúa ampliándose con nuevos elementos y que ya incluye a cuatro presuntos testaferros. La indagación, que comenzó contra los hermanos Arce Mosqueira, derivó en una nueva ampliación de la imputación tras los hallazgos obtenidos por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
De acuerdo con la información difundida por las autoridades y medios citados en el proceso, el patrimonio atribuido al investigado aún está en fase de cuantificación, aunque preliminarmente se lo vincula con 19 inmuebles distribuidos en los departamentos de La Paz y Santa Cruz, además de dinero en efectivo y transferencias monetarias hacia Uruguay. El caso también incorpora la revisión de operaciones financieras que fueron calificadas como sospechosas.
Las pesquisas apuntan además a la adquisición de un terreno rural de más de 500 hectáreas en el municipio de Villamontes, en Tarija. A ello se suman motorizados de alta gama que forman parte de la investigación, entre ellos un BMW del año 2025, una vagoneta Toyota Land Cruiser 2021, una vagoneta GAC y una camioneta Ford Ranger. También se analiza la construcción de un inmueble en Santa Cruz con más de 50 departamentos.
En paralelo, el viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción explicó que la figura penal investigada está relacionada con el uso de terceras personas para canalizar recursos económicos, motivo por el cual la acción fue ampliada contra los coimputados. En ese marco, se identificó a cuatro presuntos testaferros vinculados al caso.
La investigación también alcanzó a uno de los implicados, a quien se le atribuye haber trabajado como funcionario en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) hasta noviembre de 2025. Durante los allanamientos, las autoridades hallaron documentación institucional, material que ahora es analizado por el Ministerio Público para establecer si existió relación con la administración de la empresa estatal.
El desarrollo del proceso judicial ha generado cuestionamientos públicos por las decisiones adoptadas en Santa Cruz. Desde el Ejecutivo se observó que un juez suspendiera y reprogramara para el 6 de octubre la audiencia cautelar de los coimputados, al mismo tiempo que concedió detención domiciliaria y una fianza de 200.000 bolivianos al principal investigado. Estas determinaciones han alimentado el debate en torno al avance de una causa que sigue sumando elementos y que permanece bajo atención política y judicial.
