El Gobierno evaluó que el repliegue nacional convocado por los choferes en rechazo al nuevo precio del diésel tuvo un cumplimiento desigual y sostuvo que la salida al conflicto no pasa por volver al esquema anterior de subvención, sino por impulsar la renovación y reconversión del parque automotor.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, afirmó este lunes que el servicio de transporte público funcionaba con normalidad en gran parte del país y situó las principales afectaciones en Santa Cruz y Sucre. “En este momento nosotros estamos teniendo un reporte de actividades prácticamente normales en todo el país. Las principales afectaciones están concentradas sobre todo en Santa Cruz y en Sucre”, señaló.
La lectura oficial coincidió con el escenario que se había configurado antes de la jornada de protesta. La Confederación Sindical de Choferes había dispuesto un repliegue nacional de 24 horas en rechazo al Decreto Supremo 5716, que eliminó la subvención al diésel y fijó inicialmente el litro en Bs 17,95. Pese a ello, federaciones de La Paz, El Alto, Cochabamba y otros sectores decidieron no sumarse, mientras Santa Cruz y Chuquisaca ratificaron la medida.
“El decreto de repliegue anunciado no ha tenido un acatamiento uniforme en todo el país”, dijo Justiniano.
En Santa Cruz, donde el retiro de unidades tuvo uno de sus mayores efectos, el ministro aseguró que el diálogo continúa abierto con el transporte urbano y estimó que alrededor del 25% de los micros utiliza diésel.
Justiniano relacionó el menor respaldo al repliegue con las medidas que el Ejecutivo comenzó a ofrecer al sector y dejó clara la orientación gubernamental frente al pedido de restituir el subsidio. “La idea no es volver a un sistema antiguo, sino todo lo contrario, ir a un sistema que nos permita tener una modernización de la flota de transporte y, con esta modernización, tener mejores costos y que la gente pueda utilizar un mejor servicio”, afirmó.
Entre los instrumentos mencionados por la autoridad figura el FONGAT, un mecanismo que, según explicó, brinda disponibilidad de crédito y garantías de hasta el 50% para reparación de motorizados, compra de repuestos y otras inversiones vinculadas al transporte. Justiniano aseguró que solo el 5% de ese fondo está siendo utilizado y atribuyó la baja demanda al desconocimiento del sector. “Hay un desconocimiento de la ciudadanía, de la gente del transporte en este tema, por lo visto, porque este fondo ya está disponible hace rato y creo que es algo que se podría utilizar bastante”, sostuvo.
A ese mecanismo se suma el Programa Nacional de Renovación de Vehículos PATRIA, creado mediante el Decreto Supremo 5726, promulgado el 24 de septiembre. La norma establece vías de financiamiento para renovar o transformar vehículos del transporte público. En esa línea, el Ministerio de Obras Públicas informó que una primera meta es reconvertir de manera urgente 10.000 vehículos que actualmente funcionan con diésel, entre ellos 2.000 en Santa Cruz, 2.000 en Cochabamba y 2.000 en Sucre.
Justiniano explicó que las opciones contemplan refacciones, conversión a GNV e importación de vehículos, y señaló que todavía se espera la reglamentación que deberá emitir Obras Públicas. Según dijo, uno de los mecanismos previstos permitiría amortizar el financiamiento mediante descuentos vinculados a cada carga de combustible. “Hay posibilidades, a mediano y largo plazo, estructurales”, afirmó.
El repliegue fue decidido el 22 de septiembre durante un ampliado nacional de los choferes realizado en Santa Cruz. En esa instancia, la dirigencia anunció que la medida alcanzaría al transporte urbano, interprovincial, interdepartamental e internacional y advirtió que las protestas podrían escalar si el Gobierno no atendía la demanda de dejar sin efecto el Decreto 5716.
Pese a ello, Justiniano sostuvo que las negociaciones desarrolladas en los últimos días ayudaron a reducir la tensión. “En muchas regiones el transporte está trabajando normalmente y el Gobierno mantiene abierto el diálogo con los diferentes sectores”, afirmó.
