La reunión de los gobernadores realizada la semana pasada en Santa Cruz dejó definida una agenda común y, en el caso de Tarija, una ruta de trabajo que deberá empezar a ejecutarse desde esta misma semana. La Gobernación enfrenta al mismo tiempo el efecto del nuevo precio del diésel, la variación de los ingresos vinculados a los hidrocarburos y al dólar, y una estructura de gastos que todavía arrastra competencias departamentales sin contar con los recursos que tuvo en la etapa de bonanza gasífera.
El reto inmediato será transformar los acuerdos políticos alcanzados con el Gobierno nacional en decisiones concretas. En ese objetivo confía, sobre todo, el equipo técnico-político articulado en torno a María René Soruco, con Esteban Ortuño al frente del área jurídica y Fernando Romero en el plano económico. Aunque los gobernadores fijaron como plazo el 31 de octubre, en Tarija la negociación se abre en varios frentes y algunos demandan respuestas antes de que concluya la gestión.
La primera urgencia está vinculada al combustible. El precio del diésel fijado por el Decreto Supremo 5716, de Bs 17,95 por litro, modifica las previsiones con las que fueron elaborados los presupuestos departamentales. Desde la Gobernación advierten que ese incremento eleva los costos de actividades que dependen directamente del combustible, como el mantenimiento de carreteras, el funcionamiento de maquinaria e incluso la prestación de servicios de salud.
Por esa razón, la hoja de ruta incluye la gestión ante el Gobierno de una transferencia extraordinaria del Tesoro General de la Nación que compense la diferencia entre el precio considerado en el presupuesto y el costo real del diésel. Pero la demanda no se agota en una compensación temporal. Tarija también plantea que el valor efectivo del combustible sea incorporado en los techos presupuestarios y en el PGE 2027, que fueron elaborados con una referencia de 9,80, además de asegurar una provisión regular de diésel para los servicios departamentales.
A ello se suma otro pedido: autorización para realizar modificaciones y reasignaciones presupuestarias excepcionales. La preocupación de la Gobernación es que el aumento del combustible termine obligando a recortar recursos destinados a otras áreas para sostener el funcionamiento de maquinaria, vehículos y servicios. En ese escenario, servicios como el Sedag y el Sedeca quedan bajo observación.
En paralelo, la Gobernación mira un elemento que considera clave y que suele quedar relegado en la discusión: la liquidación de regalías, que se calcula en dólares. Hace tres meses se tomaba como referencia una cotización de 6,96, mientras que ahora se utiliza la vigente en el Banco Central, lo que en teoría debería elevar el monto.
El segundo frente es de carácter estructural y apunta al presupuesto de 2027. Tarija respaldará la propuesta de los departamentos para redefinir la distribución de los ingresos tributarios nacionales y lograr una participación directa de las gobernaciones en la coparticipación tributaria. La iniciativa plantea que los gobiernos departamentales accedan al 15% de esa coparticipación, sin afectar los recursos que hoy corresponden a municipios y universidades.
En el caso tarijeño, la discusión tiene un trasfondo particular. Según expuso la gobernadora María René Soruco, el departamento pasó de manejar alrededor de Bs 164 millones mensuales en los mejores años del ciclo gasífero a unos Bs 23 millones en la actualidad. Esa caída explica por qué la Gobernación considera insuficiente cualquier salida basada únicamente en reprogramar deudas. Lo que está en debate, sostienen, son ingresos permanentes y la capacidad de financiar competencias departamentales en un contexto en el que la renta hidrocarburífera ya no cumple el papel que tuvo durante la bonanza.
El tercer componente de la hoja de ruta es la recuperación del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos. Tarija deberá acompañar la demanda de los gobiernos departamentales para abrogar la Ley 767 y recuperar durante 2027 los saldos acumulados del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, el FPIEEH.
La exigencia tiene una relevancia especial para Tarija, por tratarse de uno de los departamentos que históricamente aportó la mayor parte de la producción hidrocarburífera del país. Sin embargo, el escenario actual es distinto: la producción cayó y también disminuyeron las transferencias asociadas al gas.
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