Distintos sectores vinculados a la construcción solicitaron al Gobierno nacional un nuevo reajuste de precios ante el incremento de costos provocado por el aumento del diésel, y plantearon además modificar el mecanismo establecido en el Decreto 5597.
La Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) y la Asociación de Constructores Civiles de Tarija (ACCT) proponen un reajuste de hasta 60% en los costos de proyectos, obras civiles y mano de obra, como consecuencia del alza del precio del diésel de Bs 9,80, con subvención, a Bs 17,95 para todos los consumidores, según lo dispuesto en el Decreto Supremo 5716.
El presidente de la SIB, Pascual Velázquez, indicó que pedirán una reunión con las autoridades de los ministerios de Economía y Finanzas Públicas y de Obras Públicas para analizar el impacto del nuevo precio del combustible en los costos de proyectos y obras civiles. Según explicó, los trabajos viales, entre ellos la apertura y mantenimiento de caminos, la construcción de asfaltos y puentes, son los más golpeados por la eliminación de la subvención al diésel, lo que obliga a revisar materiales, combustibles, mano de obra y servicios generales.
Desde Caboco, su presidente Jaime Del Llano Argote informó que el sector presentó al Gobierno cinco medidas urgentes para enfrentar las consecuencias del incremento del combustible. Una de ellas es la paralización temporal justificada de proyectos, que permitiría suspender determinadas obras sin multas, sanciones ni ejecución de boletas de garantía. También plantean aplicar un reajuste de precios mediante una fórmula polinómica que actualice los costos de los contratos públicos.
A ello se suma la demanda de resolver contratos sin responsabilidad cuando continuar con una obra resulte técnica o económicamente inviable. Otra de las propuestas es exigir garantías presupuestarias y el pago oportuno de las planillas correspondientes a proyectos vinculados con instituciones públicas. Finalmente, el sector pide una nueva Ley de Contrataciones que sustituya al actual Decreto Supremo 181 y establezca reglas para enfrentar variaciones extraordinarias de costos.
En la misma línea, el representante de la ACCT, Dante Cuevas, advirtió que el incremento del diésel afectará a miles de trabajadores por cuenta propia y podría dejar sin empleo a albañiles, gasistas, plomeros, electricistas, plaqueros, soldadores y carpinteros, debido a que varios proyectos y obras quedarían paralizados hasta que se modifiquen las hojas de costos.
Cuevas señaló además que los materiales de construcción, como arena, ripio y grava, subieron 40%. Explicó que una volqueta de cuatro cubos de ripio, que antes costaba Bs 800, ahora supera los Bs 1.200. A esto se suma el aumento de hasta 40% en los precios de productos de la canasta familiar en los mercados municipales, por lo que el sector estima que el costo de la mano de obra podría elevarse entre 40% y 50%.
El impacto también alcanza a los municipios rurales del departamento de Tarija y a otras alcaldías del país, que se quedaron sin presupuesto suficiente para comprar diésel destinado al funcionamiento de maquinaria pesada y vehículos oficiales, tras la decisión del Gobierno de retirar la subvención al combustible.
El alcalde de Yunchará, Pascual Díaz, informó que se determinó paralizar los trabajos de mantenimiento, limpieza y ripiado de carreteras. Además, fueron suspendidos el transporte escolar y las visitas en vehículos oficiales a los distintos distritos, debido a que no cuentan con recursos para adquirir diésel a Bs 17,95, como establece el Decreto 5716.
Frente a esta situación, la Federación de Campesinos convocó a un ampliado departamental para este martes 28 de septiembre en la ciudad de Tarija, con el objetivo de exigir una solución a la paralización de obras y proyectos municipales, así como demandar al Gobierno nacional la abrogación del Decreto 5716, que también afecta a las actividades agrícolas.
Por su parte, la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) anunció que pedirá al Gobierno central un apoyo adicional para cubrir el desfase económico generado por el dieselazo.
