El presidente Rodrigo Paz Pereira promulgó este miércoles la ley de prediarios, una norma que restituye al Gobierno central la responsabilidad de financiar la alimentación de las personas privadas de libertad y los gastos vinculados al régimen penitenciario, una carga que durante años había recaído en las gobernaciones.
Con esta disposición, el Ministerio de Gobierno deberá asumir esos costos a escala nacional, mientras que el Ministerio de Salud se encargará de financiar el bono de vacunación. La medida, según se explicó durante el acto de promulgación, busca revertir una situación que se mantuvo por más de dos décadas y que trasladó a las regiones obligaciones que correspondían al nivel central.
“Luego de 21 años estamos firmando un desagravio, porque aquello que era una responsabilidad central se recargaba sobre los recursos de las regiones”, afirmó Paz al destacar el alcance de la norma.
En el mismo acto, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, sostuvo que la ley forma parte de un conjunto de acciones orientadas a salir de la “asfixia fiscal” que, según dijo, dejó un manejo “ciertamente irresponsable” de las finanzas públicas.
Aramayo detalló además los recursos que contempla la norma: Bs 87,6 millones para prediarios y gestión del régimen penitenciario, Bs 116,5 millones para viáticos de vacunación y salud preventiva, y Bs 1,8 millones para gestión operativa.
