El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sostuvo este miércoles que la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene la facultad de fiscalizar las actuaciones vinculadas al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, en medio de la ola de reacciones que generó la decisión de Estados Unidos de revocarle la visa, junto con la de otras autoridades judiciales y exfuncionarios señalados por el Gobierno estadounidense por presuntos hechos de corrupción y vínculos con el narcotráfico.
Oviedo remarcó que el Órgano Legislativo cumple dos funciones centrales: legislar y fiscalizar. En ese marco, recordó además que desde la Asamblea Legislativa surge el nombramiento del fiscal general, por lo que consideró que esa instancia tiene competencia para pronunciarse sobre el caso.
“Es el Órgano Legislativo el que tiene dos facultades: debe legislar y, la segunda, fiscalizar. La segunda razón es porque de la Asamblea Legislativa sale el nombramiento del fiscal general”, afirmó la autoridad al ser consultada sobre las acciones que deberían seguirse tras la determinación adoptada por Estados Unidos.
El ministro también buscó diferenciar el retiro de visas de cualquier otra medida interna. Señaló que la decisión estadounidense responde a una atribución soberana de ese país para definir qué ciudadanos pueden ingresar a su territorio, mientras que, en paralelo, la Asamblea Legislativa ya se habría pronunciado sobre el asunto.
“Hay que dividir las cosas, una cosa es el retiro de las visas y eso es competencia y atribución de un Estado para ver que ciudadanos pueden ingresar o no a su país. Por la segunda, la Asamblea Legislativa se ha pronunciado”, agregó.
La reacción del Gobierno boliviano se da luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos difundiera un comunicado con duras acusaciones contra Mariaca. En ese documento, la administración estadounidense afirmó que el fiscal general “abusó de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia”.
El pronunciamiento también sostuvo que esas acciones afectan los esfuerzos del presidente Donald Trump contra el narcoterrorismo y debilitan las instituciones democráticas de Bolivia, en el marco del programa Escudo de las Américas, del que el país forma parte.
