El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró este miércoles que no conoce la lista de los “20 funcionarios bolivianos” a quienes Estados Unidos aplicará restricciones de visa, una medida que se sumará a las 13 personas observadas el lunes. Consultado sobre ese nuevo grupo de señalados, respondió de forma breve que no tiene acceso a esa información y que no le corresponde manejarla, antes de retirarse de la improvisada rueda de prensa que ofreció en La Paz, previa a la Mesa sectorial contra el narcotráfico y el crimen organizado que encabeza.
“No la conozco, no soy del Gobierno de EEUU, yo soy funcionario del Gobierno de Bolivia”, dijo Oviedo al ser interrogado por el caso.
La reacción del ministro se produjo luego de que el exministro de Gobierno Carlos Romero planteara la posibilidad de que en el nuevo listado figure un “ministro” de la administración de Rodrigo Paz, por lo que pidió que se transparente la información si ese fuera el caso. Romero sostuvo que es importante conocer los nombres de los nuevos observados y advirtió que la falta de precisión podría responder a que entre ellos haya autoridades de alto rango.
“¿No será que hay funcionarios jerárquicos? Por alguna razón no se han dado los nombres, de repente si se daban los nombres habría un mayor terremoto y estruendo político”, afirmó en una entrevista con DTV.
El anuncio de Estados Unidos fue realizado el martes por el Departamento de Estado, que informó que impondrá restricciones de visa “a otros 20 funcionarios bolivianos” supuestamente implicados en casos de corrupción. La comunicación se dio a conocer en la cuenta de X de la Casa Blanca, donde además se indicó que el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, fue designado públicamente por presuntamente aceptar sobornos de narcotraficantes para ayudarlos a evadir la justicia. En ese mismo mensaje, la oficina estadounidense señaló que también adoptará medidas contra otros 20 funcionarios bolivianos corruptos, sin revelar sus identidades.
La primera nómina difundida por Estados Unidos incluye, además de Mariaca, a otros 12 bolivianos, entre ellos operadores de Justicia, un exjefe de la Policía y el exministro de Gobierno del expresidente Luis Arce, Iván Lima.
Oviedo, por su parte, afirmó que las denuncias sobre presuntos involucrados en casos de narcotráfico serán investigadas por las instancias correspondientes y que, de comprobarse responsabilidades, habrá sanciones. Defendió la línea oficial del Gobierno en materia antinarcóticos y aseguró que se trata de una política “drástica” y “sin retroceso”.
“Con respecto a las denuncias que vayan surgiendo de bolivianos involucrados en el tema del narcotráfico, ustedes conocen ya la política del Gobierno, es una política drástica, es una política sin retroceso, y fruto de eso son los resultados que estamos teniendo en la exitosísima tarea antinarcóticos que se viene desarrollando en Bolivia”, sostuvo.
También señaló que otras instancias podrían sumarse a las pesquisas y fiscalizaciones, entre ellas el Legislativo, como ocurre en el caso del fiscal Mariaca. En ese punto, remarcó que el retiro de visas es una decisión soberana de cada Estado sobre qué ciudadanos pueden ingresar a su territorio y cuáles no.
“Hay que dividir las cosas. Una cosa es el retiro de las visas. Eso es competencia, atribución de un Estado para ver qué ciudadanos tienen derecho a ingresar y qué ciudadanos no. Entonces, sobre ese hecho, ante el retiro de la visa del fiscal general, se ha pronunciado la Asamblea Legislativa”, indicó.
Finalmente, recordó que la Asamblea Legislativa tiene dos funciones, legislar y fiscalizar, y sostuvo que de ese órgano surge el nombramiento del fiscal general.
